Según el Ministerio Público, la mandataria peruana habría recibido como “donaciones” varias joyas de Wilfredo Oscorima Núñez, específicamente relojes de lujo, los que Boluarte lució sin haber declarado.
La denuncia apunta a la jefa de Estado como “presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado”.
“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó hoy, ante el Congreso de la República, la denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado”, detalló el Ministerio Público en la red social X.
La denuncia cuenta con 63 páginas en las que el Ministerio Público expone sus argumentos y pruebas para demostrar que la mandataria habría cometido el delito referido.
La tesis fiscal sostiene que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coinciden con visitas que realizó a Boluarte, y afirma que el Ejecutivo ha emitido varios decretos de urgencia y decretos supremos que habrían beneficiado al gobernador y su región. Todo esto indicaría que la presidenta habría actuado “dolosamente” al recibir como “donaciones” estos objetos.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado. pic.twitter.com/l5lF6fxWzt
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.
Está dirigida al Congreso, cuya Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe determinar su procedencia antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno que -en última instancia- deberá establecer si recomienda acusar a Boluarte por este caso. La denuncia contra Boluarte fue enviada al presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
La primera vez que se utilizó esta figura contra un presidente en ejercicio fue durante el mandato de Pedro Castillo, lo que abrió entonces un debate jurídico, puesto que el artículo 117 de la Constitución detalla que un gobernante en ejercicio solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales o por disolver el Congreso de forma irregular.
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