ADN Hoy. INDH por investigación de la muerte del conscripto Vargas: “Si seguimos con justicia militar, va a significar una nueva condena al Estado de Chile”

Los compañeros de armas de Franco Vargas que estaba con él en Putre, región de Arica, contaron que en la marcha se cayó y que lo pararon a tirones, que pedía descansar, que lo dejaran ahí; a los más cercanos les dijo que extrañaba a Romy, su mamá, la que hoy exige justicia después de las primeras versiones del Ejército que fueron desmentidas conforme pasaba el tiempo. También dijeron que se les prohibió contar lo que vivieron allí.

Como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras ha estado al tanto de las indagatorias, a fin de sustentar las dos querellas presentadas: una por apremios ilegítimos y otra por la muerte misma del joven Franco.

En ese contexto fue que este miércoles habló en ADN Hoy de que, además del conscripto amputado en una de sus manos, el otro que se encuentra hospitalizado se acerca a un destino parecido: la cercenación. “Fueron, al menos, tratos inhumanos y eso está penado por la ley chilena”, resumió.

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El martes, el Tribunal de Garantía de Arica rechazó inhibirse de las indagatorias, generando así un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la militar, y derivando así el debate a la Corte Suprema. Para la directora, fue “es un triunfo de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos”.

Lo que se espera, precisó la directora, tiene un argumento de fondo, que es también el que debiera regir en cualquier caso de violación a los derechos humanos: “La violación a los derechos humanos implica también indemnización a las víctimas y sus familiares. Aquí no está en riesgo la indemnización a la familia. Lo que se pide en materia de derechos humanos es que se conozca la verdad, que se haga justicia, que se indemnice a los familiares de las víctimas y que se tomen medidas de no repetición (...) No puede ser que cada ciertos años ocurran situaciones tan graves como estas”.

Porque los jóvenes que hacen el servicio militar están “bajo la custodia del Estado y este debe cautelar su bienestar. Nada puede ocurrir que les haga daño. Está bien la formación, pero no puede significar que ello implique daño a las personas que están bajo la custodia del Estado, que debiera haberlos cuidado”, acotó Contreras.

Hasta ahora, lo que la directora ha dicho es que la muerte de Vargas ni todo el ejercicio ocurrieron en un recinto militar, y que en el proceso de formación ni él, ni ellos eran militares. Lo dijo así: “Hemos reiterado que hay víctimas que no son militares y nos estamos refiriendo a la madre de Franco”.

El debate teórico es que se pone en conflicto la justicia ordinaria con la militar, esta última del año 1944, “antes que se generara el sistema de protección de derechos humanos”, planteó. El caso podría incluso escalar a la Corte Ineramericana de Derechos Humanos:

“Esto va a significar, si seguimos con justicia militar, una nueva condena al Estado de Chile. Si la Corte Interamericana, en su seguimiento de las condenas, ha señalado que falta una parte de la condena en el ‘Caso Paralama’ que es la adecuación de la ley de la Justicia militar a los estándares de derechos humanos”.

Ha visto en el Ejército un ánimo, “una actitud colaborativa, no hay ahí algo que impida el trabajo del INDH. Nos hemos entrevistado con muchísimas personas para este proceso y generar las dos querellas que tenemos: una por apremios ilegítimos y otra específicamente por la muerte de Franco. Tenemos la convicción de que hubo apremios ilegítimos, se fortaleció completamente esa convicción. También tenemos la convicción de que Franco llegó fallecido al Cesfam. Ahí hay testimonios muy contundentes al respecto”.

Hacia el final, la directora expuso sus convicciones: “Aquí hay violaciones a los derechos humanos y por lo tanto, tenemos que guiarnos por los estándares que el país soberanamente firmó y ratificó a través de su Congreso (...) Quienes creen que el Instituto está realizando una acción en contra del Ejército, se equivoca”.

Pide medidas de no repetición concreta, como que se le pidan exámenes para trabajos en altura a los conscriptos, pues determinaría quién pone en riesgo su vida si van sin esa información. También la doctrina detrás, porque también ha constatado malos tratos “gravísimos, con expresiones homofóbicas”: “Hay que hacer un análsis profundo de qué se está haciendo, cómo y para qué se está formando a los jóvenes soldados, cuál es la ventaja y la ganancia que tienen al hacer el servicio militar. No digo que no lo hagan, obviamente hay que hacerlo, pero la formación y la doctrina que deshumaniza, con prácticas que deshumanizan, no corresponde a la práctica del siglo XXI cuando el Ejército mayoritariamente, hace cuanot, 100 años no hay una guerra. Pero lo que sí hace el Ejército y tiene una excelente evaluación en es son las campañas humanitarias”.