Cárcel en Isla Mocha: vecinos critican propuesta, alcalde apunta a “otras necesidades” y gendarmes advierten sobre las condiciones del personal
“(La isla) no necesita una cárcel, sino que se construya luego una escuela; mejorar su conectividad; que el Estado tenga mucha más presencia”, dijo el edil Cristian Peña.
Referencial | Getty Images / ORLANDO SIERRA
La propuesta de Karen Medina, diputada del Partido de la Gente, de construir una cárcel en Isla Mocha, en la costa de la región del Biobío, tuvo rechazo transversal, tanto de los residentes como de los encargados del sistema penitenciario. La parlamentaria argumento que, de concretarse, “proporcionará una solución integral para mejorar las condiciones de vida de los habitantes”, y también “ayudará a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, protegiendo así la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad”.
En Lilian Vera, la presidenta de la junta de vecinos de la Isla, hubo una respuesta provocadora. Lo dijo así a ADN: “Como comunidad residente de isla Mocha existe una gran preocupación por la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad en nuestro territorio insular planteada por la diputada Karen Medina. Como habitante de esta tierra, rechazamos tajantemente esta iniciativa, la que consideramos inviable y arbitraria. ¿Por qué, señora diputada, no construirla en Nacimiento, donde usted reside?”.
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Isla Mocha es administrada actualmente por la municipalidad de Lebu. Allí viven 500 personas. La propuesta de la parlamentaria aduce que las características geográficas la transforman en un entorno propicio para garantizar seguridad y control de reclusos. A ello también se agrega que, producto de la distancia con el continente, se reducirían los riesgos de fuga. Así, se emularía a la cárcel de Guantánamo, donde cumplen condena los delincuentes vinculados al crimen organizado.
El alcalde de Lebu, Cristian Peña, desestimó la prioridad de la idea: “Es una cosa totalmente inviable: una cárcel en una isla que queda a 80 kilómetros del puerto más cercano es totalmente inviable. No sé si es populista, pero sí efectista, es decir, que puede generar un efecto inmediato que no es una solución. Y el efecto es que estamos hablando de eso y no de las otras necesidades que tiene la isla: no necesita una cárcel, sino que se construya luego una escuela; mejorar su conectividad; que el Estado tenga mucha más presencia”.
Por parte de los gendarmes, hubo una recepción buena respecto a los fundamentos de la propuesta, pero advirtieron las condiciones de trabajo de los funcionarios que allí llegarían. Lo resumió el teniente coronel Mario Benítez, de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios:
“El alto nivel de hacinamiento de las cárceles del país hacen necesario la construcción de nuevos recintos, de nueva infraestructura, pero esto se cruza también con un componente distinto que tenemos, que tiene que ver con el crimen organizado, con las bandas criminales, población que se hace absolutamente necesario aislar, cortar el contacto con el mundo exterior con la finalidad de que no puedan seguir delinquiendo. Desde ese punto de vista, los fundamentos del proyecto de resolución claramente los compartimos. Para nosotros también es no menos importante, sino que relevante, es discutir cuáles van a ser las condiciones del personal que cumplan funciones en recintos aislados”.
La población carcelaria en Chile es de más de 54 mil personas. Si bien la idea es solo un proyecto de resolución solicitado al Gobierno, será este quien deberá zanjar el debate.
