Muerte de Franco Vargas: INDH se trasladará a Arica y señala que estos casos “deben ser investigadas por la justicia ordinaria”
El 15 de mayo se decidirá si la causa es trasladada desde el ministerio Pública a la fiscalía militar, como lo requirió la ministra en visita, Jenny Book.
7 de Mayo del 2020/ SANTIAGO
Detalle de la placa en el edificio del INDH, la cual vive una crisis interna y paro de sus funcionarios.
Fotos: JOSE FRANCISCO ZUIGA/ AGENCIAUNO
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha programado un viaje a Arica este lunes 13 de mayo para llevar a cabo una sesión ordinaria centrada en el Caso Conscriptos, que incluye la muerte del joven soldado conscripto Franco Vargas, de 19 años. Vargas perdió la vida durante una marcha de instrucción en Pacollo, ubicado a ocho kilómetros de Putre, un suceso que también afectó a 45 de sus compañeros con problemas respiratorios.
La tragedia motivó al INDH a interponer una querella por el delito de apremios ilegítimos, argumentando la necesidad de que estos casos sean juzgados por la justicia civil y no por tribunales militares, basándose en normativas internacionales que cuestionan la imparcialidad de la justicia militar en estos contextos.
“Estas violaciones a los Derechos Humanos deben ser investigadas por la justicia ordinaria, como lo señalan los informes internacionales y un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que insta a Chile a limitar el alcance de la justicia militar”, expresó Consuelo Contreras, directora del INDH.
Además de la sesión, la agenda del INDH en Arica incluirá reuniones con diversas autoridades y representantes de la sociedad civil, entre ellos el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, y el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana. También se encuentran programados encuentros con líderes comunitarios y autoridades locales, incluyendo al alcalde (s) de Putre y al seremi (s) de Salud.
La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, dictó una resolución inhibitoria de competencias, la que remitió al Juzgado de Garantía de Arica con el objeto de que “se inhabilite de seguir conociendo de la causa y remita los antecedentes a este tribunal, a objeto de acumularlos al presente proceso”.
El 15 de mayo se decidirá si la causa es trasladada desde el ministerio Pública a la fiscalía militar.
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