Torturas, secuestros, homicidios y tráfico: prisión preventiva para el líder de banda que operaba en campamento de Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha impuesto prisión preventiva a Javier Valencia González, conocido en el bajo mundo como Zeus, identificado como líder de una peligrosa banda criminal en el campamento Génesis II en Antofagasta. Este individuo y su organización están implicados en una serie de crímenes graves que incluyen dos homicidios consumados, cuatro homicidios frustrados, secuestros, tráfico de drogas, y porte ilegal de armas, entre otros delitos.

La Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC), que lleva el caso, describió la banda como altamente peligrosa y violenta, enfatizando que usaban “violencia desmedida” para infundir terror y mantener su control territorial dentro del campamento. Esta dominación incluía extorsiones a los habitantes del campamento, a quienes obligaban a pagar por servicios básicos como luz y agua, y hasta por el uso de terrenos.

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La detención de Valencia ocurrió el 20 de abril después de un incidente donde disparó contra dos civiles, resultando en la muerte de uno de ellos. Posteriormente, el 7 de mayo, la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a la mayoría de los miembros de la banda, incluyendo a Cristóbal Arroyo Angulo, alias Raspao, quien había tomado el liderazgo tras la captura de Valencia.

Además de los delitos mencionados, se revelaron durante la audiencia detalles perturbadores sobre las tácticas intimidatorias de la banda, incluido el secuestro y tortura de individuos con los que Valencia tenía disputas económicas. Estos actos brutales fueron incluso grabados y publicados en redes sociales, como parte de una estrategia para mantener el control mediante el miedo.

El fiscal regional Juan Castro Bekios articuló claramente la gravedad de los actos de la banda: “esta asociación utiliza técnicas con violencia desmedida a fin de mantener el temor sobre el resto de personas que no son parte de la referida estructura criminal”. Con un plazo de investigación establecido de 120 días, las autoridades esperan desentrañar más sobre las operaciones de esta organización y asegurar que todos los involucrados enfrenten la justicia.