Caso Audios: contralora revela irregularidades encontradas en el SII ante comisión investigadora
Dorothy Pérez destacó la necesidad de mejorar los controles internos para prevenir la repetición de estas situaciones y asegurar la correcta administración de los recursos públicos.
Agencia Uno / Victor Huenante
La contralora subrogante Dorothy Pérez compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que indaga en posibles irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), como parte del denominado Caso Audio. Durante la sesión, Pérez entregó detalles sobre varias auditorías realizadas a estas entidades.
Una de las fiscalizaciones más destacadas que mencionó la contralora se centró en el análisis de las cuentas de pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente del SII, entre enero de 2018 y junio de 2019. La auditoría reveló pagos de horas extras no acreditadas que suman un total de $174.034.085, y otros montos solo parcialmente justificados, acumulando un saldo no acreditado adicional de $139.825.013.
Además, se identificaron pagos por $251.858.351 por horas extras que no tenían el respaldo de los registros de asistencia y otros $54.606.243 acreditados solo parcialmente. Esto resultó en una suma total de $620.323.696 en pagos de horas extras no acreditados en este departamento del SII.
En otro informe relacionado con el SII, Pérez expuso irregularidades en 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) entre 2015 y 2018. Estos casos no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente, lo que resultó en la omisión de emitir órdenes de ingresos por un total de $324.212.430.
Estos hallazgos son parte de las continuas investigaciones que buscan esclarecer y corregir las prácticas administrativas dentro de estas importantes instituciones fiscales y financieras del país. La contralora subrogante destacó la necesidad de mejorar los controles internos para prevenir la repetición de estas situaciones y asegurar la correcta administración de los recursos públicos.