Defensoría Penal informa que solo un tercio de las personas en prisión preventiva en 2023 fueron condenadas a penas de cárcel

El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, rindió este miércoles cuenta pública de la gestión institucional 2023, instancia en la que fue crítico respecto al aumento sostenido de la prisión preventiva y el abuso de su aplicación como medida cautelar.

Durante el año 2023, un informe reveló una preocupante disparidad en el uso de la prisión preventiva en el sistema penal. Según el Defensor Nacional, de los 21.833 individuos sujetos a esta medida cautelar, mientras se llevaba a cabo la investigación penal en su contra, solo 8.245, correspondiente a un 37,8%, recibieron posteriormente condenas de cárcel efectiva.

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Este análisis fue parte de la Cuenta Pública Participativa presentada por Mora Jano, quien criticó el uso excesivo de la prisión preventiva, sugiriendo que se ha convertido en una forma de condena anticipada para muchos que, al final, no reciben penas de cárcel o son absueltos. La situación es especialmente significativa entre los menores de 18 años, de los cuales solo el 27,3% de los 1.352 jóvenes sujetos a internación provisoria fueron finalmente condenados a penas privativas de libertad.

El abogado también cuestionó la necesidad de aplicar la medida más severa en el 62,2% de los casos restantes, señalando el impacto negativo en términos de hacinamiento carcelario y la capacidad de las instituciones para abordar efectivamente el fenómeno de la criminalidad. Además, indicó que la prisión preventiva se aplicó en el 9% de todos los casos ingresados en el sistema durante el año, afectando a 25.431 personas a nivel nacional.

Mora Jano subrayó la importancia del Proyecto Inocentes, iniciativa de la Defensoría Penal Pública que busca representar y visibilizar los casos de personas injustamente encarceladas, que en 2023 celebró su décimo aniversario.

Finalmente, el Defensor Nacional reiteró el compromiso de la Defensoría con la preservación de la presunción de inocencia y el derecho a una defensa penal adecuada, enfatizando la necesidad de alinear el sistema de justicia criminal con los estándares internacionales de derechos humanos y asegurar el respeto por el debido proceso.