Decretan prisión preventiva para el alcalde de Rancagua tras ser formalizado por delitos de corrupción

En Rancagua, la situación legal del alcalde Juan Ramón Godoy se intensificó este miércoles con la formalización de cargos en su contra por múltiples delitos de corrupción.

La jueza Loreto Salas, alrededor de las 17.30 horas, anunció la decisión de imponer prisión preventiva a Godoy, citando peligro para la seguridad de la sociedad y la necesidad de asegurar el éxito de la investigación en curso. La medida cautelar también se extendió a los imputados Diego Barba y Carlos Rodríguez, quienes están implicados en el caso junto al jefe comunal.

Durante el proceso que comenzó el día anterior, el fiscal de alta complejidad, Nicolás Núñez, acusó a Godoy de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno, delitos que presuntamente se extendieron desde 2021 hasta 2023. Además de Godoy, la investigación involucra a cuatro empresarios de la región -Javier Ignacio Cornejo Diez, Diego David Barba, Carlos Rodríguez Cajas y Daniel Salazar González-, señalados por prestar servicios al municipio bajo condiciones presuntamente irregulares.

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El Ministerio Público sostiene que el alcalde realizó adquisiciones públicas a cambio de comisiones, las cuales en ocasiones representaron el 10% de los montos totales pagados, sumando un total de $2.300 millones defraudados, según la fiscalía. Entre las evidencias presentadas se incluyó el uso por parte de Godoy de una tarjeta de débito proporcionada por el empresario Javier Cornejo para realizar compras en diversos establecimientos, tanto dentro de Chile como en el extranjero, con el objetivo de asegurar contratos directos con la municipalidad.

La defensa de Godoy intentó rechazar la solicitud de prisión preventiva, pero tras un receso, la jueza Salas confirmó la medida. En contraste, Daniel Salazar recibió arresto domiciliario nocturno y Javier Cornejo, arresto domiciliario total.

Este caso surge a raíz de un informe de la Contraloría de diciembre de 2022, que detectó numerosas irregularidades en las compras públicas efectuadas por la municipalidad, incluyendo pagos por servicios no prestados, pagos excesivos, la no aplicación de multas, tratos directos y adjudicaciones de licitaciones fuera de la normativa vigente.