El Congreso ha dado luz verde a un proyecto clave que promete estabilizar las tarifas eléctricas en el país, tras alcanzar el consenso necesario para su promulgación como ley. Este avance legislativo representa un paso significativo hacia la moderación de los incrementos en los precios de la electricidad que afectan a los consumidores regulados. La normativa incluye una serie de medidas destinadas a aliviar la carga financiera sobre los hogares, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

Entre los elementos más destacados de la ley se encuentra el perfeccionamiento del Fondo de Estabilización de Tarifas Eléctricas, cuyo objetivo es suavizar las subidas en los costos de la electricidad para los clientes regulados. Asimismo, se reforma el Mecanismo de Protección al Cliente, introduciendo un cargo específico por kw/h que varía en el tiempo hasta diciembre de 2035, con el fin de liquidar una deuda acumulada de 5 mil 500 millones de dólares.

Un aspecto notable de la ley es el descongelamiento gradual de las tarifas de distribución eléctrica, diseñado para evitar incrementos bruscos en los precios. Este proceso comenzará en el 2024 y se extenderá hasta el 2025, empezando con las concesionarias de distribución que sean cooperativas. El resto de las empresas ajustará sus tarifas de manera gradual a partir del segundo semestre del 2024.

Para mitigar el impacto en los hogares más afectados por el alza de las tarifas, se establece un Subsidio Transitorio que beneficiará a un millón de hogares vulnerables. Este subsidio, que se aplicará durante los años 2024, 2025 y 2026, contará con un financiamiento de 120 millones de dólares, provistos en parte por el Fondo de Estabilización de Tarifas y en parte por el Ministerio de Hacienda.

Reducción para familias residentes en zonas de generación de carbón

Adicionalmente, la Cámara Baja introdujo cambios significativos, incluyendo la creación de un Mecanismo de Reconocimiento de Generación Territorial, que propone una reducción del 40% en los costos de energía para familias residentes en zonas de generación de carbón. También se acordó la formación de una mesa de trabajo con un plazo de cuatro meses para evaluar alternativas de financiamiento que permitan incrementar el monto anual destinado al subsidio para las familias vulnerables.

Estas medidas buscan no solo proporcionar un alivio inmediato frente a las alzas de tarifas eléctricas, sino también establecer un marco de acción a largo plazo para asegurar que el sistema eléctrico sea justo, sostenible y accesible para todos los ciudadanos.