“Atropello a la dignidad”: Gobierno de Perú rechaza los allanamientos contra la presidenta Dina Boluarte
La mandataria es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
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El Gobierno de Perú, a través del primer ministro, Gustavo Adrianzén, consideró un “atropello a la dignidad” de la presidenta Dina Boluarte el allanamiento a su vivienda y la sede del Ejecutivo, dentro de una investigación sobre relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de sus bienes.
“Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales”, dijo la autoridad gubernamental a la radio y televisora RPP.
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Desde el 18 de marzo, la mandataria es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos.
“Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales”, agregó Adrianzén en la red social X.
Según el jefe del gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia dentro de palacio de gobierno al momento de los allanamientos y “brindará declaraciones a la fiscalía cuando se la convoque”.
En caso de que fuera acusada formalmente, la presidenta solo podrá ser sometida a juicio cuando termine su mandato en julio de 2026, según la Constitución.
El escándalo, sin embargo, puede derivar en un pedido de destitución de Boluarte desde el Congreso, bajo el alegato de “incapacidad moral”.