Región de La Araucanía

El Ministerio Público pide 25 años de prisión para Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por los delitos de hurto, usurpación, atentado contra la autoridad e incitación y apología de la violencia, todos delitos considerados en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Alguna de las pruebas en su contra se dieron a conocer hace algunos días: un reportaje de Mega mostró parte de las conversaciones entre Llaitul y sus hijos, además de otros adherentes de la CAM, para conseguir armas de fuego en otras regiones, atentados en la región de La Araucanía y más.

Sobre estas mismas pruebas, Roberto Garrido, fiscal regional de la zona, aseguró que van “confirmando una serie de antecedentes y encontrar algunas otras líneas de investigación que lo vinculan no solo con los hechos de incitación y apología, que son las figuras ilícitas de la Ley de Seguridad del Estado, que refuerzan los antecedentes que teníamos respecto de su participación en la sustracción de madera o en atentados contra la autoridad y la usurpación; pero también que dan cuenta de actividades que lo vinculan directamente con acciones de violencia: la preparación que requería, la adquisición de armamento, de municiones, de la difusión que se hacía de acciones violentas de la CAM. Eso fue definiendo lo que hoy se está conociendo en las pruebas durante el juicio”.

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Para el persecutor, sin embargo, “lo importante” es que, más allá de las otras causas que se puedan abrir, es que “estamos conociendo el verdadero rostro de este líder, cuáles son verdaderamente sus actividades, cuál es realmente su pensamiento, que a veces hay una distancia importante entre lo que sostenía públicamente y lo que conversaba y planificaba en privado; y por cierto, a partir de una serie de antecedentes y recordando que el trabajo que se ha abordado el fenómeno de violencia rural en la macrozona sur implica un trabajo coordinado en las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos, obviamente esta es información que ya estamos procesando, por la cual ya existen otras investigaciones, y podríamos esperar resultados en otras materias o casos puntuales, vinculados ya no a conductas más alejadas como hechos de violencia en sí, como sería la incitación y la apología, sino que directamente en hipótesis de autoría en algunos de estos atentados”.

“Son varios delitos, pero es todo un solo patrón de conducta. Nosotros acusamos al señor Llaitul por lo que dice que realiza y por lo que llama a realizar, además, y que no son conductas extrañas: él sostiene que hay que hacer sabotaje a la industria forestal, lo realiza, participa directamente, tiene interés en eso, que hay que ocupar los predios con ocupamiento militar, él toma la fotografía de los grupos armados, las envía a los medios de comunicación; luego señala que hay que hacer resistencia del eventual intento de la autoridad de recuperar esos terrenos, porque su lógica es bélica: él está en una guerra en contra del Estado y las forestales (...) Luego se produce la ocupación, la resistencia y luego hay que aprovecharse del botín de la guerra, que es sustraer la madera de esos predios”, complementó más tarde.

Entre las pruebas están la georreferenciación, también el sonido de “trabajo forestal, las motosierras, y además tenemos los testimonios de personas que lo ubican en el lugar. Nuestros elementos de convicción han sido muy contundentes, tanto que desde que se le formalizó al imputado, la prisión preventiva se ha mantenido como medida cautelar”.

Héctor Llaitul ha señalado, dijo Garrido, que hay al menos 20 integrantes de la CAM cumpliendo condena o en prisión preventiva. Ello, planteó el persecutor, “ha permitido desterrar un argumento de defensa frecuente: que estábamos frente a montajes cada vez que se intentaba sostener la imputación en contra de personas que adscriben a determinadas causas”:

“No solo por el cúmulo de evidencia que logramos reunir, por la fiabilidad de las mismas, en términos que fueron pruebas obtenidas legalmente; pero además porque hemos logrado desenmascarar un poco las causas del fenómeno, en el sentido en que en muchas ocasiones hay un provecho económico que se obtiene de las acciones violentas, que no están dirigidas como se pretende sostener contra el gran capital o las empresas internacionales o granes, sino que están dirigidas contra personas comunes y corrientes de la región de La Araucanía, pequeños contratistas forestales, pequeños empresarios, incluso agricultores que no adscriben a los movimientos violentos; y hay muchas víctimas mapuche, muchas, porque no toman la decisión de levantarse en esta guerra que está básicamente en su mente, pero que causa mucho perjuicio”.

Violencia en la región de La Araucanía

Las últimas estadísticas han mostrado una disminución en los hechos de violencia de la región, que es resultado, a juicio del fiscal regional, de una serie de decisiones no solo políticas, “sino por el trabajo de la Fiscalía, la decisión de enfrentar el fenómeno con una visión que abarque todos los aspectos del problema es lo que va contribuyendo, paso a paso, de manera lenta pero persistente, en lograr una variación de la situación de seguridad en La Araucanía”.

“Los números indican que tenemos una disminución, pero no podemos pensar que es un fenómeno que está terminando; al contrario, hay que estar muy atentos. Hemos registrado disminuciones importantes y luego, rebrotes con mucha violencia. Hay diferentes factores que se pueden producir en el país o la región que podrían incidir (...) Lo que sí podemos sacar como conclusión certera es que, cuando todas las autoridades del Estado trabajan de manera conjunta, con una mirada compartida del problema; cuando no hay egoísmo ni nadie trata de sacar un provecho respecto de una situación en particular, o echarle la culpa a la autoridad sentada al lado, las cosas empiezan a funcionar de mejor manera y esto se ve en La Araucanía”, concluyó.