En el marco de la discusión por la Ley Corta de Isapres, el pasado mes de febrero, senadores del oficialismo presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la mutualización y declararla como inconstitucional. De hecho, a dicho requerimiento presentado por los parlamentarios se sumó el Presidente Gabriel Boric.
Bajo ese contexto, este lunes, las isapres y clínicas de la empresa Banmédica ingresaron distintos documentos donde formularon observaciones en calidad de amicus curiae, es decir, que no se harán parte de la causa, pero solicitan intervenir para colaborar aportando información.
En concreto, fueron las isapres Banmédica y Vida Tres quienes solicitaron que el requerimiento que busca frenar la mutualización sea rechazado. Además, solicitaron al TC que se realicen audiencias públicas donde puedan exponer su postura sobre dicho requerimiento.
Dentro de los argumentos que entregaron las entidades, está que tal requerimiento debe ser rechazado por la falta de oportunidad, ya que a la Ley Corta de Isapres le resta trámite legislativo y los vicios que se alegan pueden ser subsanados.
Junto con lo anterior, las isapres indicaron que dicha mutualización se relaciona al derecho constitucional de la salud y no al derecho a la seguridad social, apuntando a las diferencias entre ambos derechos.
En ese sentido, la isapre Banmédica, sostuvo que “estamos en presencia de una deuda entre privados, no de un procedimiento asociado al Derecho a la Seguridad Social, por más que el requerimiento trate de convencernos de lo contrario. Y desde ese momento, no resulta posible sostener, en forma o manera alguna, que la incorporación al proyecto del texto impugnado pueda constituir una vulneración de las normas relativas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República o de aquellas relativas a los quórum a que está sujeta la aprobación de ciertas leyes”.
En tanto, las clínicas Dávila, Bío-Bío y Ciudad del Mar presentaron un documento en el que argumentaron que la indicación que genera el requerimiento de los senadores no se refiere a materias de seguridad social propiamente tal.