Expresidente del Consejo para la Transparencia apuntó que el delito que se le acusa al director general de la PDI “está relacionado con la fe pública”

El expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, conversó con La Prueba de ADN para analizar el polémico caso judicial que envuelve al director general de la PDI.

Luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente ordenara el allanamiento de la casa y oficina de Sergio Muñoz, la investigación sigue revelando nuevas aristas que complejizan el escenario. Asimismo, se debe destacar que se fijó fecha para su formalización pero por ahora no hay claridad sobre si continuará como jefe de la Policía De Investigaciones.

Frente a esto, el invitado indicó que “desde el momento en que se difundió y se ha comunicado desde el Ministerio Público, señalando que se iba a solicitar la formalización del director general de Investigaciones por dos delitos, empezó a correr una cuenta regresiva para señalar el momento en que tenía que renunciar”.

“No tiene ninguna posibilidad de continuar en su cargo, una persona que va a ser formalizada por delitos de violación de secreto, por delito funcionario (...) tiene que renunciar o tiene que ser removido y no puede estar a cargo de la Policía de Investigaciones”, agregó.

Bajo la misma línea, hizo hincapié en todo el tiempo que se ha dado, y se va a seguir dando a la espera de decisiones y acciones concretas, considerando el tema legar y de representatividad que hay de fondo.

El abogado cuestionó cómo se están llevando las cosas teniendo en cuenta “la confianza ciudadana frente a esta institución. Y cada minuto que pasa, sencillamente es más costo institucional, es más costo reputacional”.

“Además, no tiene ningún sentido, porque no cabe otra cosa que salir del cargo. La espera no tiene fundamento”, complementó aludiendo a la forma de actuar de las autoridades.

“Relacionado con la fe pública”

Respecto al proceso judicial y la defensa propuesta, Drago indicó que se trata de “alguien que está imputado de delito gravísimo”, lo que pone el panorama cuesta arriba para las exposiciones defensoras.

“Seguramente él está diciendo que esas conversaciones -son- en su calidad de abogado defensor, por lo tanto están cubiertas por el secreto profesional. Probablemente esa es su línea de argumentación”, planteó.

“Pero no creo que pueda caber el secreto profesional; no cubre la comisión de delitos directos (...) la imputación es por dos delitos: Por revelación de secretos y por el deleito de difundir información sobre una investigación relacionados con lavados de activos”, reflexionó.

En este marco, el especialista apeló a que se habla claramente de un “delito funcionario”, contemplando la “difusión de información que estaba bajo su resguardo (...) es un delito funcionario que comenten solo quienes tienen cargos públicos. Esto está relacionado con la fe pública, con la responsabilidad que tiene una autoridad del Estado”.