“Es absolutamente inviable su continuidad”: Exfiscal Gajardo pone en jaque permanencia del director de la PDI en su cargo

El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, se refirió al reciente allanamiento de la casa y oficina del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien será próximamente formalizado por indagatorias derivadas del caso Audios.

Recordemos que a partir incautación del teléfono del reconocido abogado, Luis Hermosilla, se detectó el delito de violación de secreto de la ley de lavado de dinero por parte del director general de la PDI. Por esa razón, este martes se llevó a cabo un operativo en donde se allanó su domicilio y oficina. Además, también se fijó una audiencia de formalización para el próximo martes 19 de marzo.

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En conversación con 24 Horas, el exfiscal Gajardo cuestionó la permanencia del director de la PDI debido a la gravedad y lo que implica el delito que se le imputa.

“Es absolutamente inviable su continuidad. Es un hecho extraordinariamente grave, es constitutivo de delito y tiene una pena de esta 5 años”, expresó.

El abogado argumentó que su mantención en el cargo afectaría la imagen y labor de la propia institución. “La posibilidad de que continúe en su cargo a mí me parece que es inviable, ya que genera una tremenda baja en la moral de la institución. Tenemos a los detectives investigando casos de crimen organizado y van a ver que su jefe, en causas importantes, entrega información a un abogado defensor. Obviamente, eso es inadmisible”, advirtió.

Además, también argumentó que es inviable su mantención “por su relación con el Ministerio Público. Los fiscales dirigen estas investigaciones y tienen organismos coadyuvantes de ella como la PDI. Por lo tanto, que se descubra que en vez de colaborar, se esté entregando información a la contraparte, es francamente como dormir con el enemigo”.

“Esto no es tolerable, la mantención del director de la PDI en su cargo es algo totalmente inviable”, expusó.

Finalmente, respecto a las penas que arriesgaría, Gajardo explicó que el delito se encuentra tipificado en la ley de lavado de activos y donde califica como un delito agravado por su cargo como funcionario público. “Esa pena puede llegar hasta los 5 años conforme al presidio menor en su grado máximo. Es la pena que arriesga el imputado y habría que ver si esto ocurrió solo en una ocasión o en varias, porque si es en varias esta pena podría aumentar”, detalló.