Red Acción Carcelaria reflexiona sobre la realidad de las mujeres privadas de libertad lamentando que las políticas públicas se homologuen

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, y en el marco de una nueva conmemoración del 8M, Andrea Obaid conversó con Antonella Oberti, directora de incidencia de Red Acción Carcelaria (RAC), sobre la realidad invisibilizada de las mujeres privadas de libertad.

De acuerdo a cifras de Gendarmería, actualmente existen 4.169 mujeres privadas de libertad, lo que representa un 7,8% de la población penal a nivel nacional. Sin embargo, durante el 2023, esta cifra alcanzó su porcentaje más alto en 10 años.

Bajo este contexto, una de las problemáticas que se plantea es en torno a los derechos de estas personas, con el foco puesto en los Derechos Humanos de los que deben tener todos, independientemente de si se cometió algún delito.

Tal como dice la invitada, los DD. HH. “son independiente de la condición jurídica en la que uno se encuentre. Uno puede ir a la cárcel por el delito más horrible y, por mucho que a mucha gente no le guste, uno sigue manteniendo todos sus derechos. Se pierde la libertad de tránsito, de moverse de un lugar a otro, pero todos los demás se mantienen absolutamente vigentes”.

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Con esto se alude principalmente a la salud, a la integridad personal, a la alimentación y algunos otros que van esa línea de lo esencial. Pero la realidad es existen conflictos al momento de cumplir con esto y responder de manera correcta.

Un aspecto que destacó Oberti es que, como el género femenino es un grupo minoritario en la población penal, y con características particulares, “muchas veces las políticas públicas que se dirigen a personas privadas de libertad, se homologan para hombres y para mujeres, dejando de lado las particularidades que tiene la población penal femenina”.

Dentro de esto, se hace hincapié en que un 82,2% de ellas son madres e incluso varias viven con sus hijos dentro de la cárcel en secciones especiales. Solo de aquí ya desprenden variadas aristas a tener en consideración sobre las condiciones que se tienen.

Por otra parte, y a modo de ejemplo, “el Estado, a través de Gendarmería, no le entrega a las mujeres productos de gestión menstrual. Un tremendo tema que lamentablemente no se consideró al momento de elaborar políticas públicas”.

Además, la representante de la RAC identificó el escaso acceso a “exámenes o atenciones de salud en temas de salud sexual y reproductiva (...) muy pocos controles rutinarios. Todas esas cosas generan aún mayor vulnerabilización de las que ya se producen dentro de las cárceles en el país”.

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Principales causas de condena

Respecto a cuáles son las razones principales de delito por las que las mujeres llegan a las cárceles, la especialista, en base a la información de Gendarmería, sostiene que “la mayoría está condenada por la Ley 20.000, que es la ley de drogas”.

“Si uno ve el gráfico de la población penal femenina en Chile es -en su mayoría- de tráfico. Y desde el 2005, que se publica la Ley de tráfico, el crecimiento es sostenido”, enfatizó.

A raíz de esto se desprende una análisis en mayor profundidad del por qué se dan estas cifras. “El tráfico es una labor que permite a las mujeres, que muchas veces tienen labores de cuidado y labores domésticas, generar un ingreso y a la vez compatibilizar”.

“Los delitos en general son los que se denominan de menor connotación social, es decir, delitos no violentos, no delitos de sangre, sino que de microtráfico en su mayoría, o de porte o consumo de alguna sustancia ilícita”, complementó.

El rol de la justicia

Bien se sabe que cada situación es diferente a la otra, pero hay un grupo de la población penal que se mantiene a la espera de ser juzgada. Sin embargo, esto se ve entorpecido y termina siendo aún peor por la lentitud y poca agilidad de los proceso judiciales.

Dentro de estos casos también hay mujeres en calidad de imputada que esperan un juicio y fallo final con sus hijos en la cárcel o incluso embarazada. Incluso en algunas ocasiones se declara inocente a alguien que se mantuvo en prisión preventiva con condiciones que le son perjudiciales para su bienestar.

“El 47% de todas las mujeres privadas de libertas está en prisión preventiva (...) siguen siendo presumiblemente inocentes”, precisó Antonella Oberti reconociendo que es “particularmente grave”.

Asimismo, indicó que es algo “lamentablemente muy común”, siendo aún peor el hecho de que en muchas ocasiones pasan más de un año en esa condición de espera.

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