En concreto, la iniciativa fue aprobada por 120 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones. Cabe señalar, que el proyecto fue ingresado en 2017 bajo el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet en 2017.
El objetivo primordial de la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer, en razón de su género.
De acuerdo con la norma, esta regula “los mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia”. Lo anterior, teniendo en cuenta las diversas situaciones de “vulnerabilidad” o “discriminaciones” que puedan ocurrir.
Además, una vez promulgada, la ley permitirá mejorar la fiscalización de las medidas cautelares y establecer un mecanismo de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Junto con ello, se ampliarán las medidas cautelares a delitos y agresiones que ocurran fuera de relaciones filiales, afectivas o de convivencia.
Atención a las víctimas
Otro de los puntos que aborda la norma, es que establece que los órganos del Estado son quienes adoptarán las medidas internas y de manera coordinada para la atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género.
Junto con lo anterior, se deberá otorgar a las víctimas acceso a los servicios de salud física y mental. Además, los órganos del Estado tendrán la obligación de informarles sobre la red de servicios estatales en violencia de género disponibles y “registrar, realizar y dar seguimiento a las derivaciones”.
Por último, los entes públicos “deberán asegurar el acceso a la información de las víctimas sobre sus derechos; adoptar medidas de seguridad y resguardo de las víctimas”, describe el texto.
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