Defensor de la Niñez y menores de edad víctimas de la delincuencia: “Nosotros hemos presentado querellas, pero es una respuesta tardía”

En la última semana, dos menores de edad resultaron baleados en distintos contextos, dando cuenta de la crisis de seguridad que afecta al país.

Uno de ellos se registró en La Florida, donde un adolescente de 13 años murió producto de un disparo, mientras que el segundo caso se registró en Pedro Aguirre Cerda, donde una niña de 7 años resultó herida.

Sobre esto se refirió el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien en conversación con ADN Hoy afirmó que “estamos frente a una crisis de seguridad que, lamentablemente, tiene como principales víctimas inocentes a niños, niñas y adolescentes”.

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“Nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos una serie de mandatos institucionales que nos permiten intervenir judicialmente, pero actualmente nuestra capacidad institucional se ve sobrepasada”, agregó.

Según explicó Quesille, la Defensoría de la Niñez “ha presentado querellas en las distintas muertes: 38 en el año 2023; 49 en 2022; y ocho en lo que va del 2024, pero esto es una respuesta tardía”.

“Nosotros intervenimos judicialmente cuando ya tenemos que lamentar la muerte o cuando un niño o niña resulta afectado por una circunstancia que implica el uso de armas de fuego”, dijo.

“El llamado que hemos hecho, y que le hemos manifestado al Gobierno y particularmente a la Subsecretaría del Interior, que está de acuerdo, es que debemos generar un acuerdo marco para abordar los problemas de seguridad que afectan niños, niñas y adolescentes, pero desde la necesidad de los propios niños”, afirmó el defensor.

En esa línea, sostuvo que “la querella lo único que busca es determinar responsabilidades penales, no así establecer un marco de protección efectivo para los niños y niñas”.

“Tiene que haber un compromiso mayor por parte del sistema de justicia para responder adecuadamente, mejorar los mecanismos de investigación, tomar con sentido de urgencia estos casos y volcar todos los recursos judiciales y administrativos para determinar estas responsabilidades, porque si bien la respuesta penal no es suficiente, si entrega algún grado de tranquilidad para las familias y para los niños y niñas adolescentes”, prosiguió.

“Nosotros como querellantes institucionales no representamos a las víctimas, no representamos al niño ni a sus familias, sino que como institución tenemos la obligación de buscar responsabilidad penal, y eso refuerza la idea y la necesidad de crear una Defensoría de las Víctimas, que ha sido uno de los proyectos actualmente ha comprometido el gobierno”, afirmó.

Situación educacional en Atacama

Por otro lado, el defensor de la Niñez abordó la situación educacional que afecta a la región de Atacama, donde las autoridades han aseverado que las clases comenzarán sí o sí.

“Cuando nosotros observamos todo el problema del sistema educativo en la región de Atacama, estamos viendo actualmente cómo existen discrepancias entre la comunidad, y esta discusión pareciera que deja de lado a los niños, niñas y adolescentes”, partió relatando.

“Tenemos facultades de accionar judicialmente que están bien limitadas por la ley. Lo hicimos en este caso particularmente a propósito de la región de Atacama, y no descartamos hacerlo eventualmente si las vulneraciones se siguen observando”, dijo.

“Aquí tenemos una tensión importante entre el Estado, entre el colegio de profesores, entre el Servicio Local de Educación Pública, y lo que tiene que hacer la Defensoría es hacer que estos actores pongan en el centro de las decisiones que toman a los niños y niñas y adolescentes”, cerró Quesille.