Directora del INDH testifica por pensiones de gracias del estallido social: “Nosotros cumplimos con la voluntad del Legislativo”
La investigación penal, iniciada el 26 de enero por el fiscal nacional Ángel Valencia, tiene como objetivo indagar posibles delitos en la entrega de estas pensiones.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, compareció como testigo en calidad de testigo ante la Fiscalía Occidente en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social.
Esta acción se produce después de un informe crítico de Contraloría que reveló que algunas de estas pensiones se otorgaron a individuos con condenas por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil, entre otros. La investigación penal, iniciada el 26 de enero por el fiscal nacional Ángel Valencia, tiene como objetivo indagar posibles delitos en la entrega de estas pensiones.
Contreras afirmó que el INDH cumplió con su mandato legal de acreditar violaciones a los derechos humanos, pero que la concesión de pensiones de gracia es responsabilidad del Ejecutivo. Destacó que el caso está siendo investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, liderada por el fiscal Marco Pastén y respaldada por otras unidades especializadas.
La declaración de Contreras se extendió por aproximadamente cuatro horas, durante las cuales se le preguntó sobre el papel del INDH y el proceso de acreditación de víctimas. La directora deslindó responsabilidades del instituto, enfatizando que las pensiones de gracia son decisión del Ejecutivo.
🔴INDH Y PENSIONES DE GRACIA. Tras declarar como testigo, la directora Consuelo Contreras, dijo “Son atribuciones del Ejecutivo (…)nosotros cumplimos con la voluntad del legislativo. Una persona q está imputada o condenada tb pde ser sujeto de violación de DD.HH” @adnradiochile
En cuanto a la revocación de 27 pensiones de gracia, ordenada por la presidencia, Contreras señaló que la comisión de delitos no excluye a una persona de ser considerada víctima de derechos humanos. Sin embargo, la decisión de revocar las pensiones es competencia del presidente y se encuentra en proceso de anulación.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que la ley no prohíbe la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes y que se están realizando auditorías internas al respecto. Afirmó que el resultado de la investigación determinará las responsabilidades correspondientes.
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