Este lunes, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso interpuesto por Gendarmería en contra de la resolución del juez Daniel Urrutia, que permitió que acuatro reclusos de la cárcel de Alta Seguridad, vinculados al crimen organizado, para que realicen videollamadas a familiares, además de a uno la posibilidad de visitas conyugales. El paso siguiente es la revisión del fondo del recurso, el que será revisado por el tribunal de alzada capitalino.
Como antecedente, es probable que la gran mayoría de los ministros se inhabilite, pues Urrutia se querelló contra ellos para dejar sin efecto una resolución que permitió a los imputados de la llamada “primera línea” para que queden en libertad.
En el texto, además, se ordenó a comunicar la resolución al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, “a objeto que disponga lo pertinente para la elevación de los antecedentes, manteniéndose la orden de no innovar decretada hasta que esta Corte resuelva el fondo de la apelación concedida”.
Con todo, el futuro de esta acción podría conocerse la primera semana de marzo.
Cabe recordar los ribetes que tuvo la decisión del juez Urrutia: el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en su condición de ministro subrogante de la cartera, aseguró que “aquellos aspectos que señala el juez Urrutia pueden ser relevantes en personas que se encuentran imputadas o que están condenadas por delitos que son comunes”.
““Pero no respecto a las personas más peligrosas que tenemos en nuestro país (...) Son crímenes organizados, por lo mismo se requiere un régimen especial para mantener a estas personas aisladas del resto de la población penal”, añadió el 17 de febrero pasado, en conversación con Chilevisión.
Otro aspecto que reflotó fue el vínculo que el abogado representante de Urrutia, Carlos Quezada, compartía representación con un beneficiado, loq ue fue desmentido por el jurista aludido: “No tengo ningún patrocinio o poder vigente en sus causas”.