El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, ha respondido al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre su decisión de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad, argumentando que fundamentó su medida en reglas internacionales para el tratamiento de reclusos. Además, Urrutia ha revelado que ha recibido amenazas de muerte como consecuencia de su decisión.
La autorización de comunicación para cuatro reos y una visita íntima para otro preso colombiano, condenado por tráfico de drogas, desencadenó el recurso de hecho presentado por Gendarmería ante el tribunal de alzada, que emitió una orden de no innovar y solicitó a Urrutia enviar los antecedentes que respaldaran su resolución en un plazo de dos días.
En su respuesta, Urrutia señaló que basó su decisión en normativas internacionales que promueven mantener los vínculos sociales y afectivos de los reclusos mediante comunicaciones periódicas y visitas regulares, garantizando condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes.
El magistrado defendió la autorización de la visita íntima para un interno, argumentando que no era la primera vez que se permitía este tipo de visita y que el interno no tenía prohibición al respecto. Asimismo, destacó que todos los internos deben ser tratados de acuerdo al principio de inocencia, asegurando la seguridad del recinto, los demás internos, funcionarios y los fines del proceso, publica La Tercera.
Además, Urrutia informó a la Corte de Apelaciones que, tras la divulgación de la noticia en los medios de comunicación, ha recibido más de siete amenazas de muerte a través de redes sociales, las cuales ya ha denunciado al Ministerio Público.
Los beneficiados por la resolución del juez Urrutia estarían relacionados con delitos graves, como el asesinato de un cabo de Carabineros y presuntos miembros de una banda criminal dedicada al secuestro y homicidio en la Región Metropolitana.
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