Esta acción detonó un conflicto entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile, debido a que en dicho recinto carcelario se encuentran criminales vinculados al crimen organizado. Para la administración penitenciaria esto era “un potencial peligro”.
A pesar del reclamo de Gendarmería, el magistrado ratificó su decisión, causando que la institución recurra ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso.
Quién es Daniel Urrutia Laubreaux
Nació en 1974 en Santiago y es hijo de una profesora normalista. En 1992 egresó del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle y luego ingresó a estudiar derecho en la Universidad de Chile.
Según una sentencia de la Corte Interamericana De Derechos Humanos, el 15 de junio de 2001, Urrutia inició su carrera como Juez de Letras y Garantías en la ciudad de Freirina. En enero de 2003, fue promovido a Juez de Garantía en Ovalle y en diciembre de 2004, se desempeñó como juez en la ciudad de Coquimbo. Desde 2006 es el Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En sus más de 20 años de carrera, el juez ha sido un fiel defensor de los derechos humanos y se ha pronunciado en casos contra Carabineros, organizaciones y personal del Estado. En 2004, fue autorizado por la Corte Suprema a asistir al “Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización”, el cual aprobó con nota 7,0 con su informe que proponía al Poder Judicial adoptar un enfoque en derechos humanos y reparación a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, el que envió a la Corte Suprema.
Daniel Urrutia
Ese mismo año, el Tribunal Supremo envió el documento a la Corte de Apelaciones de La Serena y, también, lo devolvió a Urrutia, donde señalaban que el informe “contiene apreciaciones inadecuadas e inaceptables para este Tribunal”.
Un año después, en 2005, el tribunal de apelación de la IV región decidió sancionar al juez con una “censura por escrito”. La que luego de una apelación, la Corte Suprema la redujo a una “amonestación privada” y lo anotó en su hoja de vida.
Dos años después, fue amonestado nuevamente por unas diferencias de opinión en una diligencia probatoria del denominado “caso quesitos mágicos”. Luego de esto, acusó una persecución en su contra y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por esto se exilió en México por tres años, donde hizo clases en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Entre 2014 y 2016, Urrutia acumuló siete sumarios y tuvo una investigación en su contra por supuesta prevaricación. Y en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en que consideró “responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales, y al principio de legalidad”.
Ese mismo año, el juez se vio envuelto en otra polémica, luego de que decidió actuar de oficio y reemplazó la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario de personas imputadas por delitos cometidos en el marco del estallido social. En ese momento, argumentó que existía un riesgo potencial de contagio de coronavirus. Ante eso, ese mismo día, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago se reunió de forma extraordinaria y resolvió revocar la controvertida resolución.
Luego, se involucró en el Caso Pío Nono, donde se acusa al Carabinero Sebastián Zamora de lanzar a una persona al Río Mapocho. Pero luego se inhabilitó voluntariamente del caso.
En 2023, el Papa Francisco lo designó como representante del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), entidad compuesta por 120 magistrados que busca promover la justicia en los sectores afectados por el neocolonialismo.
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