Cathy Barriga y exasesor piden audiencia de cautela de garantía: acusan falta de orden y transparencia en la investigación

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y su exasesor Luis Japaz, ambos formalizados por el delito de fraude al fisco por más de $31 mil millones, entre otros, solicitaron una audiencia de revisión de medidas cautelares, apuntando a una falta de orden y transparencia en las indagatorias.

Lo explicó el abogado de la exalcaldesa, Cristóbal Bonacic:

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“La audiencia cautelar garantía tiene por objeto dos cosas. Uno, que el Ministerio Público entregue la carpeta de investigación ordenada y foliada en atención al amplio volumen que forma parte. Y segundo, en relación a que se precise la medida cautelar de prohibición tomar contacto con testigos, porque obviamente el sentido de la medida dice relación con tomar contacto con testigos para que no declaren, asustarlos, amedrentarlos. Cosa que de hecho nunca ocurrió, por cierto. Por ejemplo, el juicio de ellos es el sentido de la medida cautelar y no como pretende el Ministerio Público de que doña Cati Garriga no tenga contacto con ningún testigo, incluso aquellos que operan como descargo. Ese es el sentido que tiene la audiencia desde el lunes”.

Erika Maira, abogada de Japaz, dijo:

“Con posterioridad a la audiencia de formalización y revisados los antecedentes que la Fiscalia nos proporcionó (más de 40 mil páginas) solicitamos esta audiencia de cautela de garantías ya que es un derecho básico en un país democrático, conocer el origen, la lógica y la totalidad de los antecedentes de la investigación por los se formulan cargos a un ciudadano y se le piden medidas cautelares y eso no se cumple en este caso. De hecho pudimos observar que no hay un orden correlativo de tomos, no hay registro de citaciones de testigos, no están foliados los antecedentes, no hay claridad de si hay más documentos en cadena de custodia a los que no hemos tenido acceso, en fin, todas cuestiones indispensables para poder ejercer el derecho a defensa y en particular para observar el cumplimiento del principio de objetividad en esta investigación, que es una garantía constitucional para todos los ciudadanos. De hecho la resolución de la ICA de Santiago de 26 de enero menciona expresamente que hay antecedentes confusos en lo expuesto por la Fiscalía”.