Acta del Cosena: Ejército y Armada advierten “carecer de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado” para el control del orden público
En la misma línea, las fuerzas de orden coincidieron en la “inconveniencia” de establecer estados de excepción constitucional en zonas urbanas.
x.com/GabrielBoric
La Moneda
Este miércoles se conoció el acta de la sesión que llevó a cabo el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), instancia que tuvo la participación de los máximos representantes de los poderes del Estado (el Presidente Gabriel Boric junto a los titulares de ambas Cámaras, los representantes de las Fuerzas Armadas, así también de las policías, la contralora subrogante, la ministra de Interior y la de Defensa, y los subsecretarios de ambas carteras).
Como habían señalado los asistentes tras la instancia, el crimen organizado y la discusión de la Ley de Infraestructura Crítica fueron los temas tratados. Así, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, apuntó a “las capacidades” de las policías y Gendarmería, particularmente en el enfrentamiento a las organizaciones delictuales. En esa línea, propuso considerar las cárceles como infraestructura crítica.
A nivel más general, Ricardo Blanco, presidente de la Corte Suprema, fue más allá, instando a “innovar en estas materias relacionadas con el combate del crimen organizado y que no basta con hacer lo mismo que siempre se ha hecho si no queremos ser sobrepasados por la delincuencia”, de acuerdo a lo que se lee en el acta.
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Por su parte, el general Javier Iturriaga, comante en jefe del Ejército, advirtió que “resguardar infraestructura crítica se vincula con temas de orden público y requiere definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas, es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público”.
“Para lo primero, señala, tienen plena capacidad pues ya desarrollan labores de este tipo para sus propias instalaciones. Sin embargo, señala que este aporte no será sustancial porque es infraestructura que hoy cuenta con seguridad privada. Para lo segundo, advierte que son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”, planteó después.
El punto fue reforzado por el almirante Juan Andrés De La Maza, comandante en jefe de la Armada. Mientras que comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh), Hugo Rodríguez, acotó que su institución puede aportar en “la capacidad de visualización de los objetivos de protección dado que sus labores terrestres no son muy significativas”.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, valoró la voluntad, pero enfatizó en la falta de “una visión sistémica”, la que podría verse nutrida con la creación de un ministerio de Seguridad y Prevención del Delito. En cuanto a infraestructura crítica, por otra parte, “destaca que no se trata de un fenómeno raro, sino que común a muchos otros países, tanto de América, como también en Europa. En todos estos casos vale la pena destacar que lo protegido, al final, no es la infraestructura sino la seguridad de las personas que hacen uso de ella”, se lee en el documento. Así, invitó a “incorporar a diferentes instituciones y (la necesidad) de tecnificar las formas de análisis y persecución que llevan a cabo nuestras policías”.
Cedida
La ministra del Interior, Carolina Tohá, matizó la ejecución de los estados de excepción en las grandes ciudades, llamando a explorar “nuevas formas de colaboración entre policías y militares y que se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas tengan una protección disuasiva adicional. Ello permitirá concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad. Como ejemplos de perímetros de infraestructura crítica a resguardar, la Ministra mencionó la Estación Intermodal de La Cisterna, y la Estación Central y terminales de buses”.
Acotó más tarde la necesidad de una línea de mando bien establecida, con funciones y reglas de uso de la fuerza claras. “Al respecto, señaló que el gobierno no es partidario en restituir la competencia de la justicia militar en casos en que hay civiles involucrados, pero comparte que se deben validar y aplicar las normas del Código de Justicia Militar que regulan el uso de la fuerza y los deberes militares, normas que complementan el cumplimiento del deber y las demás disposiciones que regulan la responsabilidad penal”, complementó después.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, propuso “avanzar hacia un estado de transición y que durante ese periodo serán necesarias todas las herramientas operacionales que estén disponibles”.
El presidente de la Corte Suprema, por su parte, invitó al Ejecutivo a “coptar los territorios, los lugares más difíciles, de manera más proactiva y con todas las herramientas que tiene el Estado sin el uso de la fuerza. A modo de ejemplo se refirió a actividades deportivas y culturales. Sobre este punto destacó que la población está ávida de ver a todo el aparato del Estado desplegado, por lo que ve como algo positivo contar con militares en aspectos estratégicos, para promover un uso más eficiente de las policías en el combate del delito”.
Luego fue el turno del general Iturriaga, quien “destacó que sus razones para oponerse a involucrar a las Fuerzas Armadas en materias de orden público no dicen relación de modo alguno con el amor que estas profesan a la Patria, sino que se debe a dudas razonables sobre la estructura de mando en esas tareas. En ese sentido se manifiesta disponible para colaborar siempre que, durante dicho proceso de transición, haya claridad legal sobre deberes y roles. Para ello se requiere, señaló el Comandante, un marco jurídico robusto, que no promueva la impunidad, sino que la existencia de reglas claras y protección legal adecuada. Enfatizó que comparte la inconveniencia de desplegar a las Fuerzas Armadas en los barrios de las zonas urbanas, pero sostuvo que sí se puede colaborar resguardando perímetros al interior de los cuales actúen las policías”.
Hacia el final, hubo consenso en la “inconveniencia” de establecer estados de excepción constitucional en zonas urbanas, como señaló el general director Yáñez, “pero comparte la preocupación por proteger algunos puntos de infraestructura crítica”.
El Presidente Gabriel Boric cerró, según el acta: “Si bien hoy existe una estrategia sobre estas materias en el gobierno, es necesario transformarla una estrategia de Estado. Señaló que todo esfuerzo será fútil si no se acompaña con una estrategia robusta que sea comprendida por la población. Tenemos muchas brechas donde se puede mejorar la gestión. En este sentido señaló que la restricción de los recursos es siempre un tema difícil de abordar, especialmente considerando los más recientes acontecimientos relativos a los incendios en la Región de Valparaíso, pero que esta materia es de la más alta prioridad”.
