Este miércoles, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos, anunció las primeras instrucciones en la investigación sobre las Pensiones de Gracia.
El persecutor liderará personalmente esta indagación, acompañado por un equipo de dos fiscales especializados en delitos funcionarios y económicos de la Fiscalía Regional Occidente, con asesoramiento adicional de la Unidad de Asesoría Jurídica de la misma región.
Para llevar a cabo las diligencias, el fiscal Pastén se reunió el pasado lunes 29 con equipos de la Policía de Investigaciones (PDI), determinando que la investigación se realizará en colaboración con la Brigada Anticorrupción de la policía civil.
Esta indagación surge después de la decisión del Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, de abrir una investigación penal de oficio el pasado 26 de enero, a raíz de la información recopilada en medios de comunicación, informes de la Contraloría General de la República y presentaciones de parlamentarios, por irregularidades detectadas en la entrega de las pensiones de gracia.
“Hemos adoptado una serie de decisiones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. He decidido designar dos fiscales de apoyo para esta investigación con especialidad en delitos funcionarios y corrupción y en delitos económicos indistintamente de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel”, precisó el fiscal Pastén.
Informe y revocación
La Contraloría General de la República identificó deficiencias en el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante las manifestaciones desde octubre de 2019, el llamado estallido social. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acredita la calidad de víctimas, y el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría de Interior administra estas pensiones.
Dentro del informe de la Contraloría, se destaca la falta de validación adicional por parte del DAS en la evaluación de casos, y se señala que 19 casos carecen de antecedentes médicos adecuados. Además, 58 beneficiarios tienen antecedentes penales, incluyendo delitos violentos, que no se consideraron en el proceso de evaluación. La Contraloría también observa la falta de aprobación formal del documento que categoriza las lesiones y establece montos de pensión.
En tanto, el pasado martes, durante su vista a Chiloé, el Presidente Gabriel Boric confirmó la revocación de 25 pensiones de gracia. “Hay una situación bien indignante: hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición en el momento en que se otorgaron (...) Acá claramente, desde mi perspectiva personal, ha habido irregularidades en el proceso, había deficiencias tanto en materia legal como en materia de decreto y por eso encargué hacer un estudio que revisara no solamente las pensiones que han salido a la luz sino todas y cada una de las carpetas”, detalló el Jefe de Estado.
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