Luego de que un reportaje televisivo mostrara como opera la delincuencia en la comuna de Estación Central, específicamente en los alrededores del Terminal de Buses de Santiago, el alcalde Felipe Muñoz se reunió con el subsecretario Manuel Monsalve para hacer frente a esta crisis de seguridad.
En este contexto, el jefe comunal pidió la presencia de militares en los puntos de alto flujo de gente de la comuna que dirige, afirmando que “es de conocimiento público que en ocho cuadras a la redonda (de los terminales), se produce el 65% de los delitos de toda la comuna; que todas las noches circulan 14 mil personas, que es un aforo similar al que tiene el Movistar Arena; que no cuenta hoy con seguridad privada o carabineros respecto a eventos de estas características”.
Sobre esta crisis de seguridad conversó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en ADN Hoy, donde partió señalando que si bien “el tema de la seguridad estaba en el programa de Gobierno, tuvo que fortalecerse mucho más”.
En ello, la secretaria de Estado afirmó que “tuvimos que crear, por ejemplo, la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que en Chile no existía. Tuvimos que incorporar un mayor aumento de recursos en seguridad, y lo hicimos con convicción”.
“Esto lo hicimos porque nos dijimos aquí tenemos que reforzar las capacidades del Estado. Y en materia económica, también, porque no bastaba solo con la política de responsabilidad fiscal. Junto con ello, hemos reforzado la agenda pro-crecimiento para apuntalar más la reactivación económica que se pronosticaba”, agregó.
Respecto a la solicitud del alcalde de Estación Central, respecto a tener militares en los alrededores de los terminales de buses, la ministra Vallejo expresó que “aquí no hay ningún problema de carácter ideológico respecto al uso de los militares, sino que pragmático”.
“Lo que estamos haciendo, y lo que hemos conversado tanto con alcaldes como las propias policías, es ver cómo reforzamos el Plan Calle Sin Violencia y los operativos policiales en aquellas zonas donde ya sabemos que los homicidios y los delitos graves están más concentrados”, prosiguió.
No obstante, hizo un llamado a “no tratar de enamorarnos de una sola idea, porque aquí hay que ver todas las propuestas que están sobre la mesa, entre ellas la de infraestructura crítica, y ver cuál es la más efectiva para reforzar aquellos territorios en el objetivo de prevenir la comisión de delitos”.
“Pero también identificar aquellas personas y delincuentes y bandas criminales que están en las calles para detenerlos, para requisar y quitar las armas de circulación, que son las que terminan quitándole la vida a las personas”, añadió.
En ello, la ministra Vallejo adelantó que “se está trabajando en un conjunto de medidas para poder reforzar el trabajo y el despliegue en territorios en particular. Y eso ha sido fruto de la conversación con los alcaldes y con nuestras propias policías e instituciones a cargo de estos temas”.
Pensiones de gracia
En otra arista, la autoridad de Gobierno se refirió a la polémica por el otorgamiento de pensiones de gracia a personas con antecedentes, de la cual 69 se han visto beneficiados, mientras que el Ejecutivo alista una revocación de este dinero.
“Esto es algo que está trabajando muy minuciosamente el Ministerio del Interior porque es un tema delicado, puesto que las pensiones de gracia no se dan a las víctimas de violación a los derechos humanos con exclusividad”, dijo.
“Se han dado por distintas razones y a distintas personas. Hay muchas que se han entregado por temas sociales, por temas de reconocimiento, porque en su origen no se pensaron así”, agregó.
“En el Parlamento se encontró, a propósito de las víctimas de trauma ocular, una fórmula para reparar a aquellos que estaban determinados como víctimas de violación a los derechos humanos en distintos niveles. Y fue la solución política que se encontró en el Congreso para dar una respuesta en la espera, obviamente, de todos los procesos judiciales y en función de ciertas recomendaciones de los informes de derechos humanos que constataron las violaciones”, aseveró Vallejo.
En esa línea, la ministra dijo que “ahora, dado que existe una crítica a quienes se les han entregado las pensiones de gracia, por la preocupación pública respecto a los temas de seguridad, porque hay gente que ha cometido delitos graves, el análisis jurídico que se hizo es que se podría revocar dado que hay un bien público que estaría no siendo considerado, que es el de la seguridad”, sostuvo.
“En esa consideración se ha hecho un criterio para las posibles revocaciones del beneficio a aquellos que han cometido, por ejemplo, delitos de homicidio o violación, y también exclusiones, por ejemplo, víctimas de trauma ocular”, afirmó
“Entonces, hay como un sano equilibrio que se está tratando de lograr para evitar que retrocedamos en materia de reparación a víctimas de violación a los derechos humanos”, cerró.
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