Susana Jiménez (exministra de Energía durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, exdirectora de Banco Estado, hoy vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC) lo dice a modo de revelación: “Estuve en una reunión con la ministra (de Medio Ambiente) Maisa Rojas y el ministro (de Agricultura) Esteban Valenzuela”.
Porque el tema de la gestión de interés fuera de la Ley de Lobby, que mostró un reportaje del Centro de Investigación Periodística (CIPER), se tomó la agenda. Jiménez profundizó en la misma materia: “Nosotros, como gremio, nos avocamos y comprometemos con el tema de la transparencia. Siempre que hemos pedido reuniones para hablar de intereses particulares, lo hemos hecho a través de la Ley de Lobby. Pero también creemos que hay un conjunto de desafíos, construir buenas políticas públicas y en ese sentido, generar vínculos e instancias de conversación con todos los actores, no solo con las autoridades: los parlamentarios, la academia, el mundo social”.
El encuentro con Valenzuela y Rojas fue la única a la que ella fue con autoridades de Gobierno; hubo otras, reconoció, con “parlamentarios, columnistas, personas del mundo político y que había una variedad del mundo empresarial”, que eran de otro tono: “Me invita Pablo Zalaquett y estas reuniones más masivas eran una exposición del invitado o la invitada. En el caso de los ministros, era una conversación más distendida, sin una agenda de trabajo en absoluto. Es responsabilidad de la autoridad ver si cabe o no ser registrado, pero para nosotros, como gremios empresariales, ha sido una instancia de conocerse muy valiosa. En ningún caso en esta reunión en la que participé hubo una agenda de trabajo o gestión de algún interés en particular”.
La responsabilidad de registrarlos, aseguró, no debiese recaer en ella ni en el sector al que representa hoy: “Creo que efectivamente se busca generar ese acercamiento entre dos mundos que se conocen poco. No obstante, el registro de las reuniones corresponde a la autoridad como sujeto de lobby. Entiendo la explicación y me imagino que si debe o no registrarse, que en el ámbito de las competencias de la autoridad”.
“En el caso de la reunión a la que asistí no hubo gestión de intereses, tampoco pedí yo la reunión. Por lo tanto, no nos corresponde hacer esos registros (...) El anfitrión era Pablo Zalaquett (...) En ninguno de los casos hubo una gestión de parte nuestra para convocar a esa reunión”, cerró luego.
Agenda económica
La CPC propuso reducir el impuesto a las empresas de 27% a 23%. Además, proponían un mecanismo de mitigación de rebaja tributaria, gravando dividendos, los retiros de utilidades de los socios, a fin de lograr mayor inversión. Algo que al ministro de Hacienda, Mario Marcel, le pareció “para estudiar”, pero que habría que compensar. A modo de contexto, Jiménez recordó el crecimiento 0% de 2023 advirtió que para este año “tampoco se vislumbra muy bullante, con una inversión que cayó el año pasado y que probablemente siga cayendo este”.
“Como gremio, y en nuestro rol de colaborar en un buen diseño de políticas públicas, creemos que se requiere una suerte de terapia de shock para revivir esta economía”, señaló luego, parafraseando, quizá, al mandatario trasandino, el anarcocapitalista Javier Milei.
El Gobierno, en tanto, ha ido “mutando” la idea de alza tributaria, “pero sigue manteniendo un aumento de la carga tributaria, (lo que) no solo no es necesario, sino que no es deseable para esta economía alicaída”, espetó la vicepresidenta de la CPC.
¿La propuesta? “avanzar hacia una convergencia tributaria que nos permita elevar nuestra competencia como país y además, eliminar la discriminación que existe hoy entre un inversionista nacional y otro extranjero. Esto, junto con otras propuestas (en términos de eficiencia de gasto, cumplimiento tributario y control de la informalidad) (...), y eventualmente compensar eso con un impuesto al dividendo”, respondió.
Luego, prosiguió: “En cuanto a competitividad tributaria, proponemos que la tasa marginal para la renta proveniente del capital, que también es muy alta en el caso de Chile, alcanza el 44,45% y que se compara muy desfavorablemente respecto de otros países de la región, que es con quienes competimos por esos capitales, se reduzca y se iguale a la tasa que pagan los inversionistas extranjeros cuando invierten acá y se les aplica una tasa del 35% de impuesto adicional. En ambos casos decimos que nos pongamos al mismo nivel de los países de la región o la OCDE para que no tengamos una situación de desventaja frente a la atracción de capitales tan necesaria para impulsar la inversión y con eso el crecimiento y el bienestar.”.
Dijo la exministra de Marcel ha mostrado disposición a bajar el impuesto corporativo de 27% a 25%, pero que para la Confederación “tiene que ser un paso más importante, significativo, para que realmente mueva la aguja de la inversión y la actividad económica”: “Entiendo la preocupación del ministro y me parece bien la responsabilidad fiscal que ha estado siempre presente, pero también creo que subir impuestos no es la única forma de recaudar, y ahí es donde nosotros tenemos también algunas diferencias”.
“Hay que ser más ambiciosos, sobre todo teniendo a la vista un estudio hecho en 2018 por el Banco Internacional del Desarrollo, que habla que hay un espacio de 1,8% del PIB en mayor eficiencia, particularmente en lo que tiene que ver con programas más evaluados. Ahí hay mayor capacidad de recaudación (...) Y también, cuando el ministro habla de cumplimiento tributario (...) aun cuando esté sobreestimado, hay un bolsón de recursos para hacerse cargo: qué hacer con la informalidad, la evasión del IVA, donde hay muchos recursos que se están dejando de recaudar y que hay que hincar el diente donde se generan inequidades: aquel que no paga el IVA es una competencia desleal frente a quien cumple con sus obligaciones tributarias. Es un problema de diagnósticos y soluciones”, concluyó.
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