Presidente Boric por pensiones de gracia: 50 de las 18 mil vigentes corresponden a personas que cuentan con antecedentes penales
El Mandatario revisará revocarlas en caso de delitos graves, como homicidio, violación, porte de arma o narcotráfico, así como también evaluará que se hayan cometido antes o después de otorgado el beneficio. En porcentaje, son el 0,28% del total.
Agencia Uno
Chile
Durante su visita en la región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric abordó la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, uno de los temas que se ha tomado parte del debate público.
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Si bien recordó que era un factor que “no se consideraban ni en la ley, ni el procedimiento a la hora de ponderar el otorgamiento de este beneficio”, y que “no es algo de este Gobierno, sino también de todos los gobiernos anteriores”, acotó luego que es un “problema” que está presente en todas las modalidades del beneficio.
“Hoy hay vigentes del orden de 18 mil pensiones de gracia, la mayoría vinculadas a personas que han perdido su empleo producto de cambio del modelo productivo del país: por ejemplo, en el carbón o materia portuaria; hay algunas por mérito, también hay pensiones de gracia otorgadas producto de violaciones que ha realizado el Estado a los derechos humanos de algunas personas. Dentro de esa, hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales”, señaló el Mandatario.
En la misma línea, y reafirmando lo adelantado hace algunos días, mandató a las secretarías de Estado que sea una materia que se tenga a la vista a la hora de entregarlas: “Efectivamente, voy a hacer uso de una facultad administrativa para que, cuando identifiquemos beneficiarios que haya cometidos delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de arma o narcotráfico, voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.
Es una situación que, no obstante, puede judicializarse. En ese escenario, “hay que ser cuidadoso en la decisión que se toma, hay que revisarlo caso a caso”, a fin de que sean evaluados “en este periodo y podamos cerrarlo a la brevedad”.
En cuanto a que los delitos hayan sido cometidos antes o después de la entrega del benficio, el Presidente transparentó su postura: “En particular, creo que se pueden considerar las dos alternativas. Pero hay que revisarlo jurídicamente. Mi postura es que se evalúe en ambos casos”.
