Concepción

Un nuevo capítulo sumó, este jueves, el llamado “Caso Convenios” en la región del Biobío (que surgió, primeramente, como “Caso Lencería”, por los destinos de los fondos que la Gobernación Regional le entregó a la fundación En Ti): tres personas nuevas fueron formalizadas.

Tamara Vidal, quien trabajara en la misma Gobernación Regional, fungiendo como contraparte técnica de la Fundación En Ti (arrendada por Camila Polizzi, por recomendación de Simón Acuña, jefe de Desarrollo Social de la entidad estatal hasta antes de la postulación para conseguir los millonarios fondos), fue formalizada por el delito de fraude al fisco. Eduardo Quezada formaba parte de la consultora penquista EQOS, a la que, de acuerdo a la fiscal María José Aguayo, Polizzi se le habría acercado para que “participara dolosamente en el fraude (…) simulando la realización de actividades”.

Y por último Matías Godoy, del organismo técnico de capacitación (OTEC) Frumisal, el que debía completar los requisitos de la Gobernación para la concreción del proyecto. Es decir, OTEC Frumisal era necesario para la finalización de la propuesta presentada por Polizzi, vía fundación En Ti.

Como dato, Eduardo Quezada es tío de Rodrigo Alarcón, jefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz.

Defensas

Hans Laurie, el abogado de Godoy, aseguró que a su representado “se le ofreció un trabajo por el cual se le iba a remunerar y así ocurrió por un par de meses”. En la misma línea, “él ni siquiera dimensionó la responsabilidad que tenía al ser responsable legal de la OTEC”:

“No existen dineros que Matías Godoy haya girado para beneficios personales o ajenos; no existen facturas emitidas por él; no existen reuniones con el Gobierno Regional: él no siquiera la conoce, nunca ha ido ahí. Él fue engañado: estaba sin trabajo, lo invitaron a trabajar, ejecutó aquellos trabajos y lo más importante de su participación en todo esto es que, apenas advirtió la existencia de ilícitos durante el desarrollo de la ejecución del proyecto, él lo denunció a la PDI”.

Por su parte, Andrés Cruz, que defiende a Eduardo Quezada, dijo tras la formalización: “Tenemos certeza en torno a qué debemos aportar para defender la postura que tenemos como teoría del caso en esta situación”.

Claudio Vigueras, abogado de Tamara Vidal, destacó que “se tomó en consideración la información que ella ha entregado desde el principio de la investigación, que creemos que es lo que torna proporcional en las medidas cautelares que se han impuesto”.

La fiscal Aguayo, en tanto, precisó que “si son imputados por los delitos de estafa y fraude al fisco, por supuesto que no fueron engañadas, sino que formaron parte de los actos dolosos que ellos ejecutaron”: “De la manera que fue explicitada la relación y la comunicación entre ellos es disímil, dependiendo de la relación de un imputado con el otro. No se puede determinar que entre todos ellos existía una agrupación, pero sí entre el mismo grupo uno pude identificar distintas maneras de operar”.

Con todo, aseguró que los antecedentes correspondientes fueron remitidos al Servicio de Impuestos Internos (SII) para indagar eventuales delitos tributarios.