Chile

El Gobierno llega al segundo tiempo y enero sirve para hacer recuento de lo hecho y lo que queda por hacer. Algo de ello dio cuenta este martes en Ciudadano ADN la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Sobre lo ocurrido en 2023, resumió: “Tuvimos muchos desafíos, probablemente el más complejo de ellos a nivel de gestión fue implementar la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimento por la gran cantidad de instituciones que involucra, que son de distinto tipo: bancarias, AFP, tribunales de familia, Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería. Requirió un gran esfuerzo de coordinación”.

No obstante ello, destacó que “pudimos cerrar el año con pagos a 18 mil familias y por un monto de aproximadamente US$90 millones”.

En cuanto a los desafíos de 2024, adelantó: “Este año vamos a seguir fortaleciendo el mecanismo con una inversión, a través de la Ley de Presupuesto, que irá a la Comisión Para el Mercado Financiero para acelerar el tiempo de respuesta de los bancos, porque identificamos que ahí hay un nudo de demora para la respuesta, y también más recursos para los Tribunales de Familia: siempre tienen ‘acogote’ de demora”.

Sociedad conyugal

Uno de los temas recurrentes en el debate sobre género es el de la sociedad conyugal, que, en resumidas cuentas, subordina la decisión de la mujer a la del hombre (esposo). “Es una discusión tan antigua como... Ayer se celebraba el aniversario del voto femenino y el tema de tesis de la gran sufragista chilena, Elena Caffarena, fue precisamente la sociedad conyugal y la incapacidad relativa de la mujer, que para efectos legales éramos menores de edad perpetuas”, acotó Orellana.

En cuanto al estado actual de las cosas, dio cuenta, la secretaria de Estado, del debate legislativo: “En la práctica, el patrimonio reservado les sirve a las mujeres que tienen patrimonio. Y algo que hay que constatar es un déficit entre las personas que se casan y los datos que tenemos y que presentó la ministra Mónica Zalaquett durante el Gobierno anterior, porque el proyecto lleva 14 años tramitándose. Las mujeres que más acceden al régimen de sociedad conyugal son las mujeres que viven en el campo y las más pobres, porque están menos informadas de las consecuencias de este régimen, y en general respecto a la cuestión jurídica (...) El patrimonio reservado no les sirve mucha a ellas”.

Así las cosas, y considerando esa parte de la población, las agricultoras afectadas por lluvias e incendios fueron a quienes no pudieron llegar. La solución: “Es un problema práctico. Estamos proponiendo, no la disolución de la sociedad conyugal, sino la coadministración en igualdad para ambos cónyuges. No olvidemos que hay matrimonio igualitario. Hay una sola excepción propuesta por las senadoras y senadores, relativo a los bienes familiares obtenidos a través de subsidios habitacionales. El 70% de los subsidios que entrega el Minvu, a través del Serviu, se entrega a mujeres, que son las postulantes. Los estudios muestran también que son ellas las mayores ahorrantes. Entonces establecimos un régimen especial de protección, una excepción pequeña, en lo que tiene que ver con el bienn familiar obtenido a través de subsidio habitacional. Para todo el resto tenemos coadministración en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esperamos que podamos poder poner término a una exigencia internacional, porque nos han retado como país por mantener esta legislación”.

“Estamos dando un paso fundamental en cuanto a la autonomía económica y el estatus legal de las mujeres”, precisó después.

Pensiones

También han sido las mujeres quienes han concentrado los focos en el debate previsional. En el debate legislativo, la ministra Orellana ve esperanzas: “En la experiencia que tenemos, hemos podido sacar tres leyes con un respaldo transversal. En el caso de la Ley de Conciliación y las 40 horas, para personas que cuidan es indistinto para padres y madres. No estamos situando legalmente esa obligación a las mujeres, sino que también abrimos esa posibilidad para que los hombres tomen, reclamen y usen ese derecho”.

“Para poder llegar a un acuerdo, se necesita que todos sedan en sus posiciones y, en este caso, esperamos que uno de los puntos que pueda haber acuerdo sea en uno que interesa tanto a las mujeres, como es el seguro social”, visualizó.

Violencia de género

“Nos falta un montón”, advirtió de entrada Orellana. Y agregó después: “No son números, son vidas de mujeres (en los femicidios) de las que hablamos. Pero si miramos nuestras vidas versus las que tuvieron nuestras abuelas, podemos constatar que tenemos mucha más libertad, que tenemos cosas que ellas no tuvieron, que estaban vetadas, prohibidas, incluso por ley. Hemos avanzado y lo recuerdo siempre porque creo que es la mejor muestra de que debemos seguir avanzando”.

En cuanto a los avances en esta materia, dijo: “Lo que hacemos hoy: las mujeres en Chile, gracias a todos estos avances y a años de sistemáticas campañas de sensibilización y educación, las mujeres saben que la violencia es un delito y que lo pueden denunciar en su mayoría. Tenemos algunos sesgos territoriales: por ejemplo, las mujeres que viven en el campo tienden a denunciar mucho menos la violencia sicológica y acuden cuando hay violencia física más grave; en cambio, en las zonas urbanas hay muchas más denuncias por violencia psicológica. Son matices que hay con la tremenda diversidad que hay en nuestro país. Pero la mayoría sabe que puede denunciar. Lo que tenemos que avanzar hoy es por qué no lo hacemos: por qué las mujeres se demoran 7 años en denunciar y buscar ayuda. En primer lugar, lo que decimos es si las mujeres se demoran 7 años en buscar ayuda y todas son desencadenantes desde las denuncias, entonces las medidas están llegando 7 años tarde. Estamos haciendo un trabajo con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de fortalecer las intervenciones que no requieren denuncia previa; las que tienen que ver con orientación, llegada, calificación de usuarios y víctimas de violencia intrafamiliar para poder ser apoyadas a través del subsidio de arriendo del Serviu, porque la vivienda es un desencadenante importante”.

Sumó, en la misma línea, el nuevo reglamento del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) que prioriza los casos de violencia intrafamiliar; el aumento de presupuesto para abarcar el trabajo en regiones; y los primeros auxilios en salud mental en hechos de violencia de género. “Son todas medidas de gestión, pero necesitamos cambiar algunas leyes, que hemos incluido en la Ley Integral Contra la Violencia”, precisó la secretaria de Estado.

“¿Qué estamos incluyendo en la Ley Integral? Primero, juntar los criterios de las distintas leyes. Como hemos ido avanzando, hay incongruencias también en cómo se aplica una u otra norma. Cuando nos referimos a Ley Integral, es que integra los criterios legales para que haya mayor coherencia a la hora de que las mujeres necesiten ayuda. Segundo, son deberes de prevención para todo el Estado. Por ejemplo, una cosa práctica: si a la hora de una situación de violencia grave hay un cambio de domicilio, es deber del Estado proveer una nueva matrícula en un colegio que sea parte de la red pública en el nuevo domicilio. Y tercero, cómo mejoramos el acceso a la justicia, porque la mayoría de las mujeres no denuncia, y es un problema grande, porque las mujeres necesitan confiar en el sistema de Justicia y no tener una ministra plenipotenciaria. Importa que el sistema funcione. En primer lugar, estamos mejorando los temas procesales, cómo se lleva a cabo el Juicio; segundo, lo que pasa con los niños y niñas. La mayoría de las mujeres que desiste de la denuncia, no lo hace por la existencia de hijos en común con el agresor. Necesitamos terminar con esta doble cara, en que, por un lado, le dicen a una mujer que está en grave peligro, que pondrá medida de alejamiento, que se hará una ronda policial semanal, pero a la vez se tiene que romper esa medida cautelar una vez a la semana para ver al padre del niño que la pone en grave peligro. Saltan dos preguntas: ¿no está en peligro la mujer en esa interacción? Sí, hay un 8% de femicidios concretados anualmente durante la relación directa regular; y segundo, una consideración respecto a los niños, ¿no están en riesgo?”, explicó después.