Durante esta jornada, parlamentarios de oposición presentaron la anunciada acusación constitucionalcontra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a raíz de la investigación del denominado Caso Convenios.
La acción se da después de que Daniel Andrade y Carlos Contreras quedaran en prisión preventiva por el caso Democracia Viva, por el traspaso de más de $400 millones entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la mencionada fundación.
El diputado republicano, Agustín Romero, señaló que “tal como lo dijimos la semana pasada, íbamos a presentar la acusación constitucional el día lunes, pero se sumaron más apoyos que marcan una diferencia”.
“No aceptamos más que las cosas sigan pasando en este país sin que ninguna autoridad se haga responsable de sus errores”, agregó.
“Nos enteramos durante la semana pasada que todos estos antecedentes los tenía el ministro Montes, pero no hizo nada, porque parece que hay que entregarle las cosas subrayadas para que él las vea, y eso no puede ser en Chile. Las autoridades tienen que hacerse cargo”, aseveró.
Más temprano, el ministro Montes se refirió a esta AC, apuntando que “son parte de los instrumentos con que cuenta el Parlamento”, añadiendo además que esto es “propio de la democracia”
“Espero que los argumentos que se den tengan solidez y no busquen solo empatar con otras situaciones”, agregó.
Consultado nuevamente sobre si piensa dejar el cargo, Montes aseveró que “yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del Gobierno, y por eso estoy cumpliendo esta tarea”.
“Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado”, afirmó.
“Quién decide mi permanencia o no es el Presidente de la República”, cerró el secretario de Estado.
Asimismo, se apunta a infracción de la Constitución y las Leyes, manifestando que no se observa el principio de probidad administrativa, detallando asignaciones de recursos a entidades sin fines de lucro de manera directa y sin fundamentación adecuada.
En tanto, se acusa al ministro Montes de corrupción al interior del Minvu, mencionando investigaciones y hallazgos de la Contraloría General de la República que evidencian prácticas irregulares y posiblemente corruptas en la cartera, relacionadas con la asignación de fondos y ejecución de proyectos.
Además, se le cuestiona al secretario de Estado la falta de supervigilancia y fiscalización adecuada, con énfasis en el manejo del Programa Asentamientos Precarios.
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