Este lunes, el Pleno de la Corte Suprema eligió a su nuevo presidente, Ricardo Blanco, para el periodo 2024-2025. Sin embargo, el abogado de 69 años se ha visto involucrado en una denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) y mantiene algunas votaciones controversiales y materia de derechos de las diversidades sexuales.
Egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en 1979, pero ya desde 1976 había iniciado una carrera en el Poder Judicial. En donde fue parte de algunos Juzgados del Crimen de Santiago, y luego relator en la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema.
En el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Blanco fue nombrado ministro del máximo tribunal, cargo que mantiene en la actualidad junto con formar parte del Tribunal Calificador de Elecciones.
Fue en el 2008 cuando su esposa presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra, época en la era juez de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En detalle, la acción judicial era por amenazas y supuestas agresiones anteriores, según consignó Ex-Ante.
El fiscal comunicó a tribunales que, de acuerdo al relato de la mujer: “El 22 de enero la víctima y el imputado tuvieron una discusión al interior del departamento en el que habitan, motivo por el cual el ofensor se ofuscó y amenazó a su cónyuge con matarla o dejarle la cara marcada para siempre (…) El fiscal informó que la víctima le señaló que los problemas con el imputado se arrastran desde el año 2000 y que éste la ha agredido en tres ocasiones”.
Sin embargo, ese mismo año su esposa se desistió de la denuncia, siendo sobreseída la causa.
Historial de votaciones
Durante el año 2017, Ricardo Blanco se opuso a dos fallos inéditos en materias provenientes de los Tribunales de Familias. El primero fue cuando se concedió por primera vez la tuición legal de un par de mellizos a su padre homosexual, quien convivía con su pareja del mismo sexo.
En esa instancia, el abogado estuvo en contra, junto a otro ministro. Misma postura tuvo cuando decretaron el cambio de nombre y sexo registral de una mujer transgénero, sin que tuviera que someterse a una cirugía, según La Tercera.
Y en el 2014, la Cuarta Sala del máximo tribunal, la que Blanco integró, dictaminó que los funcionarios públicos pueden ser cubiertos por los procedimientos de tutela laboral, en el marco de los procesos que se siguen ante los Juzgados de Letras del Trabajo.
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