Abogado Mauricio Duce por estado de emergencia para la RM: “Es derechamente una tontera, no tiene ningún soporte”

Chile

El centro de estudios Espacio Público presentó, a principios de esta semana, el cuarto informe de seguridad, el que se elaboró en base a los datos entregados en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC): en general, hubo un aumento de la victimización en la comparación a los años inmediatamente anteriores, marcados por la pandemia. Pero si se considera el 2019, hubo una baja en la tasa entre 2019 y 2022.

Mauricio Duce, abogado, académico de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público, presentó este cuarto informe la mañana de este jueves en ADN Hoy: “Primero, hay que entender el fenómeno producido en años anteriores, donde también hemos tenido cifras bastante altas de percepción del aumento de la delincuencia (en 2022 era 86% y tanto). O sea, siempre la hemos tenido muy alta. Cuando se veía el ENUSC, la percepción venía aumentando sistemáticamente en los últimos ocho o 10 años, cuando la tasa de victimización venía bajando. Se producía una disociación que era interesante. Lo que ocurrió en 2022 fue que, comparado con 2021, se produjo un aumento en la victimización medida por ENUSC (que mide robos en distintas modalidades). Por tanto, si la gente dice haber percibido un aumento de la victimización en 2022, está alineado con lo que muestra la encuesta”.

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Luego, aclaró: “Sin embargo, para valorar el aumento de la victimización, no hay que mirar la comparación 2022-2021. De hecho, los años 2020 y 2021 hay que sacarlos de todo tipo de comparaciones porque son años absolutamente anómalos. Lo mismo pasó en Chile en 2010 por el terremoto. Entonces, cuando se analiza la ENUSC en 2019 y los años previos, encuentras que, efectivamente, estamos en la tasa promedio de victimización más baja que ha tenido Chile, que es de 21,8% (se mide desde 2005: ese año, la tasa de victimización era de 38%, ha habido una baja sistemática importante). Pero para entender el debate, es que la ENUSC es un promedio de siete u ocho figuras delictivas particulares, ahí notas que hay comportamiento heterogéneo y que efectivamente hay ciertos delitos de robos (particularmente de y desde vehículos), en donde la alza que experimentó en 2021 también muestra una tendencia al alza en relación a 2019 y el periodo previo. Esto podría tener una influencia importante en esta percepción del aumento de la delincuencia. Pero por otra parte, hay otros delitos de ENUSC en donde el alza de 2022 aún deja la cifra muy por debajo de lo que ocurre en 2019, por ejemplo, los hurtos, las lesiones e incluso los robos en las casas habitación”.

A juicio de Duce, los secuestros y los homicidios son dos delitos que “tienen fuerte impacto en la percepción pública y que no mide ENUSC”. Y con el ojo ahí, “la imagen es diferente: respecto a los homicidios, donde los datos están homologados en todas las instituciones, muestran que desde 2016 se ha producido un aumento sostenido de los homicidios, que pasaron de una tasa de 4,3 cada 100 mil habitantes, que es una tasa muy buena a nivel internacional, pasamos a hoy tener una tasa de 6,7 por cada 100 mil habitantes, que sigue siendo una tasa buena para el barrio, pero es un deterioro significativo para las condiciones a las que estábamos acostumbrados en nuestro país. Ahí uno diría que la percepción está alineada con este fenómeno también”.

Mientras que en los secuestros “ha ocurrido un fenómeno similar (...) Siempre han existido, teníamos tasas cercanas a los 350, 360 ingresos por secuestros hace 10, 12 años atrás. Pero a partir de 2018 empezamos a subir: nos pegamos un salto de 2019 a 2022, de 560, 570 ingresos a poco más de 800. Probablemente la percepción de la ciudadanía esté marcada porque en este otro hito particularmente sensible y grave, ha habido un aumento”.

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Proyecciones

Los homicidios en 2022 hubo 1.115 homicidios, mientras que en lo que va de 2023 llevan 1.322. Y si bien “aún es temprano” para hacer juicios, “indicaría que hay un aumento”: “No sabemos bien cuánto podría ser ese aumento porque los datos oficiales publicados por Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) están solo hasta junio. Además, esos datos no son los definitivos, que hoy pasan por otros sistemas, como Servicio Médico Legal, Ministerio Público, etcétera. Pero indicadores sugieren que tendríamos un aumento en 2022″.

Así las cosas, Duce aseguró que “los discursos de brocha gorda no sirven mucho”: “Cuando se desagrega, el promedio de homicidios en Chile en 2022 fue de 6.7 cada 100 mil habitantes, pero no todo Chile es igual: en las regiones del norte tienen en promedio de 17 por cada 100 mil habitantes. Es decir, tres veces más que el promedio nacional. En cambio, en el extremo sur tenemos tasas de Europa, de Suecia. El problema es distinto. Hoy hay una mucha mejor caracterización de cómo se comete el delito. Muchos repiten la idea de basta de diagnósticos, vayamos a la acción, y la verdad es que los diagnósticos son los únicos que te permiten soñar acciones que vayan a tener resultados. Por ejemplo, los secuestros: recién tenemos datos que nos permiten tener una idea de la dinámica de cómo ocurren”.

Pasa, también, que los secuestros no siempre son tal: la Fiscalía mostró hace algunos días que hubo 822 ingresos por este delito. En la revisión caso a caso, se descartó el 20%. La PDI hizo lo mismo y en el descarte, llegaron al 40%. Explicó el abogado: “En los 600 que sí eran secuestros, determinaron qué modalidad había y un dato sorprendente fue que un 23% no se podía determinar cuál era la modalidad, por lo cual, había vacíos importantes a rellenar. Pero luego, en los que sí se puede determinar, la principal categoría de secuestros era en contextos intrafamiliares, que es un tipo de problema criminal que requieren una respuesta distinta a los secuestros extorsivos, que son los que la ciudadanía podría tener más presentes y que en el estudio del Ministerio Publico representaron un 16%. Igual es importantísimo”.

Estados de emergencia comunal

La lucha contra la delincuencia ha llevado a decir a figuras políticas que se requiere un estado de excepción constitucional en la región Metropolitana, tal como rige en la macrozona sur. Algo que el director de Espacio Público criticó duramente:

“El estado de emergencia de excepción constitucional que se pide para la región metropolitana es, derechamente, una tontera, no tiene ningún soporte, no hay ninguna buena razón que diga que eso va a producir los resultados, que permita atacar los fenómenos criminales que tenemos, incluso las propias fuerzas armadas y policiales dicen que no es una buena idea y nadie les hace caso, eso es lo sorprendente. Toda la evidencia comparada muestran que la militarización de ciertas actividades policiales tienen nulo impacto...”

En el mismo sentido, agregó después: “De los estados de excepción comunales, que el problema no es tanto las medidas propuestas por los alcaldes, sino las etiquetas y la forma en la que lo presentan, porque muchas de las medidas tienen que ver con temas operativos, que podrían ser razonables u objeto de evaluación. Lo que parece raro es que se presenta con esta etiqueta, que no existe, según el contralor... y ahora lo presentan como novedad, aun cuando tenían los datos antes, y con medidas medias populistas, como distribuir recursos a mediados de diciembre: ¿estamos distribuyendo los recursos de los 15 días que quedan de ejecución presupuestaria? El formato con el discurso que se presenta me parece nocivo, aun cuando muchas de las medidas puedan ser interesantes”.

“Hay problemas de legalidad con la nomenclatura y hay que ver medidas concretas, como armar a ciudadanos. Y muchas autoridades que han dicho que no se le puede traspasar a los privados responsabilidades que son propias de organismos de seguridad capacitados y con recursos materiales.
Hay mucha tentación electoralista en cómo se presentan estas cosas. Yo digo: veámoslo cómo se implementará y evaluémoslo. Esa es otra olvidada en Chile: somos campeones mundiales del anuncio de leyes y medidas, y probablemente somos colistas sobre la capacidad evaluativa de esas iniciativas”, precisó después.

Fast track legislativo

El ámbito legislativo es también otra arista que debería ser reconsiderada. Esto, y los efectos en lo penal.

Aunque Duce llamó a “no estar cerrado” al trabajo legislativo ante “zonas grises”, “sobre todo cuando esas leyes ayudan a generar mayor capacidad institucional”, haciendo una revisión del historial del parlamento en los últimos años, no parece tan prometedor el porvenir:

“El estilo prevalente, que ha privado desde 2021 a 2023, se han dictado 69 leyes y de ellas, el 75% tenía una fuerte orientación punitiva (agravar penas, poner agravantes, etc). Eso no rinde para nada. En parte, el debate sobre fast track es bien desorientado: el indicador en Chile no es cómo impactamos a la delincuencia, sino cuántas leyes y cuán rápido las aprobamos. Debemos pasar de la noción de fast track, que está completamente perdida, a la de but track: prefiero pocas leyes, pero buenas, no muchas que son puro humo y que producen distorciones en el sistema”.

“Hoy estamos con un problema penitenciario gigantesco producto del impacto de algunas de estas leyes y no es solo un problema serio de dignidad y derechos humanos, sino también de control penitenciario, de aumentar condiciones de corrupción y organización criminal al interior de las cárceles. Cortémosla con estas cositas que parecen públicamente atractivas, pero que ya rindieron lo que podían rendir. Tenemos que ir por una estrategia para fortalecer la capacidad institucional para responder frente al problema del delito. Por ahí va la cosa”, cerró.