CIDH pide justicia en Perú por los casos de esterilizaciones forzadas a mujeres
La comisión interamericana llamó a que el estado peruano tome “medidas urgentes” para las víctimas. Los casos se remontan al régimen del recién liberado exdictador Alberto Fujimori.
Perú
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó al Perú de la ausencia de justicia en los casos de esterilizaciones forzadas de mujeres. El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a que el estado peruano tome “medidas urgentes” para las víctimas. Los casos se remontan a más de 25 años durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), recientemente liberado.
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La CIDH difundió en redes sociales que “urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas”. La entidad agregó que el Perú debe actuar “en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”. La alerta del organismo llegó luego de una decisión de la corte suprema peruana. Esa instancia anuló el auto de apertura de instrucción contra Alberto Fujimori y otras autoridades del régimen por los casos de esterilizaciones forzadas.
La comisión interamericana aseveró que “toma nota de la decisión de sala de la Corte Suprema de Justicia” del Perú. El organismo vinculado a la OEA estimó que la medida llega “en contexto de graves violaciones de derechos humanos”. Por eso planteó que “preocupa los efectos en la celeridad, debida diligencia reforzada que se debe observar en casos de violencia de género y y acceso a la justicia de las víctimas”. El sistema jurídico peruano ya recibió críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”
— Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La semana pasada la Corte IDH exigió al Estado del Perú que no permitiera la libertad de Fujimori, la que había sancionado el tribunal constitucional del país sudamericano. El exdictador fue puesto en libertad pese a que debía cumplir 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La actuación ahora de la corte suprema peruana queda bajo la mira ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Comercio informa que el 7 de diciembre se supo la resolución que detallaba la anulación del auto de apertura. Eso porque se aprobó un amparo del congresista Alejandro Aguinaga, implicado como ministro de salud del régimen de Fujimori. El caso debió retornar al Ministerio Público para revisar los supuestos errores, para que se considere a todos los funcionarios como autores mediatos.
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