Municipios critican a contralor por planes de seguridad: “No tiene moral para decirnos cómo actuar cuando él ha actuado al margen de la legalidad”

Chile

Llegaron hasta La Moneda los alcaldes de Padre Hurtado, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Peñalolén, Estación Central, San Miguel y Talcahuano, a nombre de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), para plantearle al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, los problemas de inseguridad que viven en sus territorios. La reunión fue el miércoles y las conclusiones no fueron tan satisfactorias para los ediles, pero tampoco reprochadas.

Henry Campos, el alcalde de Talcahuano, está cumpliendo funciones de subrogancia en la AChM. La sensación tras el encuentro, dijo la mañana de este jueves en ADN Hoy, es que “pareciera que los alcaldes y alcaldesas estamos preocupados por los problemas de hoy y las propuestas del Gobierno son para el futuro”.

La diferencia fue de perspectiva: “El Gobierno plantea una estrategia a largo plazo y hoy tenemos situaciones complejas en materia de seguridad en los barrios, las comunas, en donde aparecen cadáveres en las calles, arrojados, y uno pareciera preguntarse si está funcionando el Plan Calles Sin Violencia o algunas medidas que se han tomado por el Gobierno”.

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La respuesta del subsecretario Monsalve, transparentó Campos, fue de tres puntos:

• “uno, generar una plana mayor de delitos violentos, donde se evalúa la estrategia y los delitos que se están cometiendo. Por lo tanto, es una mesa más de trabajo que establece a largo plazo poder determinar la estructura de los delitos violentos y cómo se atacan”;
• “habla del despacho rápido de los temas legislativos que competen a la seguridad. El problema es que estamos debatiendo esto hace muchos años. Se propuso un fast track legislativo que hoy ya está atrasado”;
• “En tercer lugar, frente a la solicitud de acciones inmediatas, se planteó por algunos alcaldes la aplicación de algunas medidas excepcionales que establece la legislación, como el estado de excepción constitucional o bien, la aplicación de la ley de infraestructura crítica. Lo planteó el alcalde de San Bernardo: muchas veces tenemos hospitales donde los delincuentes ingresan, no dejan que se atiendan a las personas y las van a rematar. Ha ocurrido en muchas otras ocasiones”.

En definitiva, aseguró, el diagnóstico del Gobierno es que se están haciendo cosas, “pero enmarcadas dentro de una estrategia de largo plazo”. Pero la solicitud es la aplicación de estas dos leyes excepcionales, sobre los resultados que ha tenido en la macrozona sur, donde los delitos, desde 2018 a 2023, se han reducido en un 40%. “¿Dan resultado? Sí, en conjunto con otras aristas más de investigación, de fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, porque en los delitos violentos hoy nos enfrentamos a bandas organizadas, al crimen organizado. Lo que se hace hoy en la macrozona sur es investigar crimen organizado”, acotó.

Macrozona sur

Ahora bien, los delitos en la macrozona sur tienen objetivos políticos. Aunque, a juicio de Campos, puede ser homologable: “Donde existe la misma razón, puede existir la misma disposición, en términos jurídicos. En general, lo que termina ocurriendo es que cuando se ve lo que se ataca en la macrozona sur (robo de madera, narcotráfico), es exactamente lo que vemos en la región Metorpolitana u otras zonas del país, con drogas que controlan territorios”.

Complementó después: “No nos podemos negar a acciones que pueden tener un resultado en cuanto a la investigación y persecución penal, como en la macrozona. Para eso se requieren otros elementos: fiscales especiales para esos determinados hechos. Pero lo que nos pasa en los territorios es: cuando el Estado desaparece y no hay presencia policial, y Carabineros no da abasto, se van generando estos espacios para que sean ocupados por el crimen organizado. El subsecretario dijo que van a evaluar el estado de excepción constitucional, o el de emergencia; también evaluarán la aplicación de la ley de infraestructura crítica, que lo verá con la ministra del Interior con las policías. Lo que no se nos dijo es cuándo entregarán una respuesta.¿Hay una disposición del Gobierno a conversar? Sí, tuvimos que pedir la reunión los alcaldes con el Gobierno”.

Contralor

Jorge Bermúdez, el contralor general de la República, explicó en CNN que el estado de emergencia comunal decretado por los alcaldes de La Reina y La Florida no existe. Lo dijo así: “No existe tal cosa en el ordenamiento jurídico chileno, y los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución, por las causales que están descritas en la Constitución. No tiene facultades de gobierno tampoco”.

El alcalde Campos respondió sin argumento jurídico: “Tengo muchos cuestionamientos a la actitud del contralor: él creía que podía destituir a la subcontralora y la legislación dijo que no lo podía hacer. Él no tiene moral para decirnos cómo actuar o no, cuando él mismo ha actuado al margen de la legalidad. Hoy los alcaldes tratamos de colaborar en materia de seguridad (...) Hoy pueden desarrollar funciones preventivas en materia de seguridad, de acuerdo a la realidad de cada comuna (...) Nosotros también, dentro de nuestra autonomía, hemos ido tomando decisiones que dentro del marco de la ley que nos permite actuar”.

Sobre la opción de contratar a vecinos para que cumplan funciones de seguridad, “hay que entender al alcalde Palacios, que dice que contratará a vecinos. Desde ese momento pasan a ser funcionarios municipales. Por lo tanto, ya no es solo un vecino, sino que además es un funcionario público quien va a prestar apoyo en seguridad ciudadana, como pasa con los inspectores municipales, que son contratados, que son veecinos y que ingresan al servicio público (...) Lo que sí tenemos que evitar es que haya un enfrentamiento entre los ciudadanos y los delincuentes. No puede transformarse en una autotutela. Pero si los ciudadanos, la comunidad toman la decisión de tomar alarmas comunitarias, eso debemos promover”.

Muerte de Antony

El Presidente Gabriel Boric llamó a todos los personeros políticos a no sacar rédito político de la muerte de Antony, el niño de 5 años baleado en Padre Hurtado. El presidente de la Asociación respondió:

“El Presidente tiene que escuchar a los alcaldes. No estamos tratando de sacar un provecho político cuando vemos que están matando a un niño de 5 años; estamos tratando de representar la necesidad de urgencia que tienen las personas en materia de seguridad. Me parece lamentable que el Presidente termine usando estas palabras, tomando atajos; para nada, estamos tratando de hacer la pega (...) El llamado es a la unidad, a trabajar en conjunto”.