Corte Suprema da solo seis meses a la ministra Rutherford para indagar el «Milicogate»
La llamada "Ley Rutherford" entregó facultades al máximo tribunal de renovar el plazo de investigación por un año más; sin embargo, solo otorgaron la mitad de ese plazo.
La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, ha logrado procesar a más de 50 funcionarios del Ejército por fraude en el marco de la investigación llamada «Milicogate», entre los que destacan los últimos cinco comandantes en jefe de la institución: Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez.
La ley bautizada como «Ley Rutherford» le permitió continuar con su investigación por dos años más de los establecidos originalmente, los que luego de una indicación del diputado PS Leonardo Soto permitió una extensión más. La normativa le entregó la facultad a la Corte Suprema para renovar por dos años más el plazo investigativo, plazo que terminó este año.
Según consigna La Tercera, el máximo tribunal prefirió, en marzo de este año, entregarle una nueva prórroga a Rutherford, pero solo por un año, dejando la puerta abierta para otros doce meses, a partir del 2 de marzo del 2023. Es decir, dejando medio año menos para investigar de lo que permite la ley.
Sin embargo, La Corte Suprema informó que Rutherford solo tendrá seis meses más para continuar las indagaciones. Esto, pese a los miles de documentos y entrevistas para las más de 40 aristas investigativas por el fraude al fisco en la institución castrense.
«Quieren el pronto cierre de la causa»
Una de las principales complicaciones es que la PDI se encuentra realizando 74 informes, los que tienen un plazo de ocho meses para ser entregados.
El diputado Soto señala que a su juicio «se le está tratando de poner presión a la investigación de la ministra, en torno a que pueda ir cerrando las causas sobre la gran corrupción militar que descubrió en el Ejército. Con esta decisión se puede entender que quieren el pronto cierre de la causa, donde lo más pertinente es que se avance en condenas, usando el plazo que le entrega la ley. Es una mala señal”